Quien fuera jefe de la policía catalana hasta la aplicación del artículo 115 ha llegado acompañado de Olga Tubau, su abogada, por un lateral de la plaza de la Villa de París sin desviar la vista hacia la fachada del Tribunal Supremo, que sentenció sedición lo que la Fiscalía, al igual que en este caso, veía como rebelión.
El ex secretario general de Interior César Puig y el exdirector de los Mossos Pere Soler, que se enfrentan a la misma petición de 11 años de prisión, llegaban a las 9.30.
Solo dos cámaras de medios catalanes hacían guardia. La repercusión del caso ha caído tras el interrogatorio a los acusados, toda vez que se renunció a testigos de calibre como el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn y el otrora líder de la ANC Jordi Sànchez, condenados por el Supremo a entre 13 y 9 años de cárcel.
El mayor Trapero ha hecho acto de presencia en un edificio al que acudió a declarar en tres ocasiones durante la investigación, una de ellas vestido de uniforme y secundado por los comisarios Joan Carles Molinero y Ferran López, a su lado desde el primer día del juicio.
Dos horas ha durado una sesión, en una sala más pequeña y con los acusados sentados detrás de sus defensas, sin expectativas para Trapero, que apenas ha dedicado atención a su tan anotada libreta.
Los agentes del cuerpo autonómico han reiterado que cumplieron las órdenes judiciales y negado que vigilaran los movimientos de la Policía Nacional y la Guardia Civil el día de la consulta.
La fortuna ha caído de parte de Puig con el testimonio del exconseller de Interior Jordi Jané, que en julio de 2017 se bajó del barco rupturista del entonces president Carles Puigdemont ante el choque que preveía entre la Generalitat y el Gobierno central.
Jané ha salido en defensa del exsecretario de Interior para desligarlo del mando operativo de los Mossos encargado de tomar las decisiones y ha relatado que desde el Ministerio del Interior se pidió la continuidad de Puig porque lo consideraban una persona colaboradora y moderada.
Pero la asistencia obligatoria a las sesiones, de la que se ha librado por enfermedad la intendente Teresa Laplana, acusada de sedición y con una solicitud de 4 años de cárcel, se produce después de que la defensa del mayor cuestionara la competencia del tribunal.
Tras conocerse la sentencia del «procés», que fijó en sedición las condenas a miembros del Govern y los Jordis, Tubau se opuso a que la Audiencia Nacional examinara, según la versión de la Fiscalía, la pasividad de los Mossos en la jornada del referéndum y el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 al entender que la acusación del Ministerio Fiscal era por rebelión.
La letrada de Trapero reclamó que el caso se enviara a la Audiencia Provincial de Barcelona previa instrucción en un juzgado catalán, a pesar de que en un primer momento decidió no apoyar la recusación planteada por Puig y Soler, quienes alegaron que los hechos a juzgar se limitaban al territorio de Cataluña y no atentaban contra la forma de gobierno.
Sin embargo, la Audiencia Nacional se declaró competente en virtud de resoluciones a raíz del golpe de Estado del 23-F.
Desbancada de la sala donde comenzara el juicio el pasado 20 de enero, a 25 kilómetros de distancia, por el inicio de la vista a la trama Gürtel sobre la visita del papa a Valencia, la causa contra los ex-responsables de los Mossos ha regresado a las dependencias donde la jueza Carmen Lamela la investigó desde el mes siguiente a la consulta independentista, tras la querella del Ministerio Público que dio pie al procesamiento de los líderes del «procés».
La recta final del juicio, que quedará visto para sentencia en los próximos días, se agota con dos versiones contrapuestas, la de los Mossos y la de la Guardia Civil, a la espera de que la Fiscalía rebaje la acusación a sedición de mandos que han asegurado que prefirieron no someterse a las órdenes del Govern.
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