«El trato es el mismo», ha asegurado Celaá tras confirmar que el Ejecutivo en funciones estudiará «en profundidad» la proposición no de ley de Vox que la Cámara madrileña aprobó ayer con el apoyo de PP y Cs para instar al Gobierno la ilegalización de los partidos separatistas para ver si es «susceptible» de ser impugnada.
Y ha asegurado que tanto en el caso del Parlament como en el de la Asamblea de Madrid el Consejo de Ministros «estudia previamente la toma de decisiones» y por eso esta mañana el Gobierno, habida cuenta de que la resolución se produjo ayer, va a analizar sus «aspectos jurídicos» de cara a su posible impugnación.
En todo caso, ha manifestado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno no cree que la adopción de este tipo de iniciativas por parte del Ejecutivo «agote la capacidad del Tribunal Constitucional», quien ya ha emitido varias sentencias sobre este tipo de asuntos.
Respecto a esta misma cuestión, el ministro de Agricultura y Política Territorial, Luis Planas, ha añadido que lo que hace el Gobierno es aplicar el artículo 9 de la Constitución, según el cual las instituciones están obligadas a «cumplir y hacer cumplir la ley».
De este modo, el Consejo de Ministros se ocupa de analizar las decisiones que adoptan «todas» las instituciones y si detecta una vulneración de la ley acude al Constitucional, que será el encargado de adoptar las decisiones que considere oportunas tras recabar testimonio al presidente del Parlament y a los miembros de la Mesa.