En la citada comisión participan parlamentarios de JxCat, ERC, Catalunya en Comú Podem y la CUP, mientras que han decidido no formar parte de la misma los diputados de Ciutadans, PPC y el PSC-Units.
Rajoy y Sáenz de Santamaría no han respondido a la citación del Parlament para acudir a la cita, mientras que Cospedal ha avisado, mediante un burofax mandado a la cámara catalana, que no asistiría al no sentirse obligada a ello.
La exministra alega que el artículo 68 del reglamento del Parlament detalla que las comparecencias «únicamente se pueden requerir con relación a cuestiones que son competencia de la Generalitat».
Y argumenta, por tanto, que las comisiones de parlamentos autonómicos «solo pueden actuar (…) en ejercicio de la función específica que les es propia (…), en este caso, del gobierno de una Comunidad Autónoma».
El presidente de la comisión, Toni Morral (JxCat), ha advertido de que este asunto, de no comparecer las personas requeridas tampoco tras la segunda situación, se pondrá en manos «de los servicios jurídicos de la cámara».
El artículo 59.6 del Estatut catalán indica que «el Parlament puede crear comisiones de investigación sobre cualquier asunto de relevancia pública que sea de interés de la Generalitat» y que «las personas requeridas deben comparecer obligatoriamente».
El ya citado artículo 68 del reglamento del Parlament señala también que si el compareciente no acude a la comisión «la cita se debe reiterar para comparecer tres días después, o un día después si se acordó su urgencia».
De no presentarse la persona citada en sede parlamentaria tampoco tras este segundo requerimiento, según el mismo artículo, «la Mesa del Parlament debe dar cuenta al Ministerio Fiscal para sustanciar la responsabilidad penal que pueda concurrir».
Finalmente, el artículo 502 del Código Penal avisa que quienes «habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento» no acudan ante comisiones de investigación de las Cortes Generales o de un parlamento de Comunidad Autónoma «serán castigados como reos del delito de desobediencia».
«Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años», añade el texto.
Jordi Orobitg, de ERC, ha sostenido que «lo que no se puede hacer es insultar a los ciudadanos» y no comparecer en sede parlamentaria y Gemma Geis, de JxCat, ha advertido sobre «la situación de anormalidad democrática absoluta» que vive Cataluña, ya que, a su juicio, «valió todo y continúa valiendo todo» para atacar el autogobierno catalán.
Marc Parés, de Catalunya en Comú Podem, ha recordado que el 155 «limitó las funciones del Parlament y por tanto la soberanía del pueblo de Cataluña», mientras que Carles Riera, de la CUP, ha criticado que «el problema no es que menosprecien al Parlament y lo traten como si fuera de tercera. El problema es que el Parlament se deja tratar como si fuera de tercera».
Redacción