El Ejecutivo quería que las eléctricas renunciaran a la tercera parte de los más de 15.000 millones de euros que el Gobierno les adeuda por el déficit tarifario. Por sorprendente que parezca, las eléctricas están dispuestas a renunciar a ese tercio porque, como dice una fuente del sector, “el riesgo de no aceptar el acuerdo es que Industria siga retrasando los pagos y esto es un lujo que no nos podemos permitir ahora que la financiación escasea en los mercados”. Esto huele a presión gubernamental y, en cierto modo es así porque, en estos momentos, las cuentas públicas no están precisamente para alegrías. Al Ejecutivo le faltan recursos presupuestarios y quiere reducir como sea la factura que adeuda a las eléctricas, una factura, dicho sea de paso, que el propio Gabinete de Zapatero puso en cuestión desde el primer momento en que llegó al poder, allá por 2004, cuando José Montilla se hizo cargo de la cartera de Industria. La historia, por tanto, no es nueva pero ahora sí más preocupante.
Para conseguir el acuerdo, el Gobierno ha utilizado una fórmula parecida a la que en su momento puso en marcha el PP, cuando aprobó la famosa fórmula del IPC-X para reducir la tarifa eléctrica y, con ella, la inflación, un requisito obligatorio para que España pudiera entrar en el euro. Entonces, el equipo económico de Aznar le dijo al sector que el saneamiento de la economía estaba provocando la caída de los tipos de interés, abaratando el coste de financiación de las eléctricas con lo cual éstas podían asumir una bajada de la tarifa. Lo malo es que los populares tensaron tanto la cuerda que las inversiones del sector se frenaron en seco y vinieron los apagones. Fuentes del sector indican ahora que el Ministerio de Industria en cierto modo ha recuperado aquellos argumentos para rebajar de forma considerable la factura del déficit tarifario. El Gobierno, explican dichas fuentes, alega que las bajadas en los tipos de interés que están llevando a cabo los bancos centrales para combatir la crisis financiera internacional abarata la financiación. Pero el argumento de más peso es que, hoy por hoy, el precio del barril de petróleo, uno de los principales determinantes del coste de producción de la electricidad, se ha situado por debajo de los 40 dólares el barril, lejos de los casi 160 dólares del pasado verano y en niveles similares a los de hace cuatro años mientras que, desde entonces, la tarifa no ha dejado de subir a lo largo de este periodo.
Por otra parte, el Gobierno señala que el coste de producción no es igual para todas las centrales eléctricas ni, por tanto, el déficit tarifario. Para calcular éste se toma como referencia el precio de la energía que entra en el sistema. Por la forma de gestionar el mismo que tiene Red Eléctrica, la energía más cara es la primera en entrar y, por tanto, la que marca el precio para todos cuando las centrales hidráulicas y las nucleares suelen producir a costes inferiores a dicho nivel. Luego hay déficit de tarifa, pero con matices.
Las eléctricas, por su parte, admitiendo la validez de esos argumentos, señalan que el coste medio de producción ha subido mucho más de lo que lo ha hecho la tarifa, una opinión en la que también coincide la Comisión Nacional de la Energía, que reclama al Gobierno subidas mayores del recibo de la luz de las que está aprobando. Además, añaden las eléctricas, el Ejecutivo insiste en cargar sobre la tarifa las subvenciones a la muy costosa energía renovable sin que aumente la tarifa en la misma proporción, ya que pocas cosas son tan impopulares como la subida del recibo de la luz.
Unos y otros, por tanto, tienen argumentos más que de sobra para defender sus posiciones. Pero, al final, se ha producido un acercamiento de posturas que redundará en que las eléctricas renuncien a parte del déficit tarifario, aunque bastante a regañadientes y protestando porque el Gobierno ha utilizado como amenaza para salirse con la suya la revisión de la tarifa eléctrica para 2009 y la posibilidad de retrasar los pagos pendientes del déficit tarifario. Son las cosas de los sectores regulados.