El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha citado para mañana en el Palacio de La Moncloa a los líderes sindicales Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y al presidente de la CEOE, Juan Rosell, para suscribir el pacto social y económico.
El Gobierno quiere escenificar de forma solemne este acuerdo, el más importante desde los Pactos de La Moncloa de 1977, según ha afirmado el propio Zapatero, y todos los invitados tomarán la palabra durante el acto organizado para la firma, han apuntado a Efe fuentes del Ejecutivo.
El acuerdo tiene como eje la reforma del sistema de pensiones, incluye los principios básicos de la negociación colectiva y de las políticas activas de empleo, y medidas vinculadas a la política industrial, energética y de investigación y desarrollo.
Zapatero pronunciará mañana el último de los discursos, aunque será Valeriano Gómez el encargado de suscribir el pacto en nombre del Gobierno.
Destacan en el Ejecutivo la implicación personal del presidente del Gobierno en las negociaciones desde que el 19 de diciembre citara a Toxo y a Méndez en La Moncloa para impulsar el acuerdo.
Volvieron a reunirse el lunes 26 de enero y tres días después se cerró un preacuerdo que situó la edad de jubilación en los 67 años e incluyó la posibilidad de retirarse con 65 y cobrar el cien por cien de la pensión si se han cotizado 38,5 años, frente a los 35 actuales.
Las fuentes del Gobierno han puesto de manifiesto el nuevo panorama que abre el pacto social y económico, para el que esperan encontrar un amplio consenso en el Parlamento.
Cuando el 12 de mayo del año pasado Zapatero anunció en el Congreso el grueso de las medidas diseñadas para recortar el gasto, con un inesperado recorte del sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones contributivas, no encontró ningún respaldo en el hemiciclo.
De hecho, el 27 de mayo logró sacar adelante el decreto-ley que recogía estas medidas con el único apoyo del grupo socialista, la abstención de CiU, UPN y Coalición Canaria, y el rechazo del resto de los grupos.
Tras largas negociaciones, el Gobierno consiguió en diciembre el respaldo del PNV y de CC a los Presupuestos Generales del Estado para 2011 y ahora, un mes después, espera que prácticamente todo el hemiciclo apoye el nuevo pacto social y económico.
Las críticas al proyecto de reforma de las pensiones han partido principalmente de IU, ICV, ERC y BNG, aunque, tras el acuerdo con los agentes sociales, ninguna de estas formaciones ha desvelado cuál será el sentido de su voto.
Acuerdo alcanzado esta noche
Según ha informado esta noche el ministerio de Trabajo, el texto definitivo del acuerdo en materia de pensiones y en los principios básicos de la negociación colectiva y de las políticas activas de empleo se dará a conocer una vez haya sido ratificado.
Para el Gobierno, este será el acuerdo más importante suscrito desde que en 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa, dijo hoy el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que invitó a la oposición a sumarse al acuerdo.
El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró también confiado en que el PP se sume a dicho pacto, ya que cree sería «realmente insólito» que actuase de otra forma un partido que pretende ser alternativa de Gobierno.
Los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, reconocieron que se trata de un acuerdo importante, pero no le dieron la relevancia de los Pactos de la Moncloa o del Pacto de Toledo de 1995, unos acuerdos que calificaron como más políticos y desarrollados en un contexto diferente.
Según Ferrer, se dan las «condiciones necesarias» para que mañana se cierre el gran pacto económico y social, mientras que la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, dijo que hay un principio de acuerdo en todos los temas que conformarán el acuerdo, aunque todavía quedan flecos pendientes, entre otras cuestiones en el desarrollo de la reforma laboral.
Sobre este asunto en concreto, la CEOE insistió hoy en la necesidad de revisar el concepto de «pérdidas económicas coyunturales» para poder justificar el despido colectivo en causas objetivas, aunque no será un condicionante para la firma del pacto.