El Congreso aprueba la ley que regula negocio de intermediadoras de crédito
El proyecto de ley amplia la protección de los consumidores en la contratación de créditos al consumo e hipotecarios con las entidades bancarias y las reunificadoras de deudas, y fija las obligaciones de transparencia e información de estas empresas. Además, exige su inscripción en un registro público estatal, al que estas compañías deberán comunicar las tarifas, comisiones y tipos de interés que aplican en sus servicios, y que se sumará a los establecidos por las diferentes comunidades autónomas.
El pleno de la Cámara rechazó las enmiendas del grupo parlamentario catalán CiU, que obligaban a las reunificadoras a presentar sus cuentas anuales auditadas y que exigían que aquellas con una cifra de negocio superior a los 15 millones de euros y que operasen en más de una comunidad autónoma se constituyeran en establecimientos financieros de crédito.
Durante su intervención en el pleno del Congreso, el diputado del Grupo Socialista Alberto Fidalgo afirmó que la nueva ley "incrementa la protección de los consumidores" y "amplía las oportunidades de los ciudadanos para obtener un crédito, en un momento económico difícil".
Fidalgo valoró el hecho de que la nueva ley aumente las garantías jurídicas de las partes y dote de un marco jurídico seguro y transparente a una actividad crediticia -en referencia a la de las reunificadoras de crédito- que "viene realizándose desde hace tiempo", y se mostró en contra de "limitar" el volumen de negocio de estas compañías, como proponía CiU.
Hasta el momento este tipo de compañías no estaban sometidas a ninguna regulación ni a la supervisión del Banco de España, al tratarse de empresas diferentes a las entidades de crédito.
La diputada de CiU Maria Concepción Tarruella también celebró que el nuevo texto obligue a estas empresas a figurar en un registro administrativo, ya que ello supondrá una "mayor información y transparencia" para el consumidor.
Falsa sguridad jurídica
Sin embargo, la diputada del grupo popular Dolores Nadal consideró que la nueva normativa crea "una falsa apariencia de seguridad jurídica" y divide a los consumidores en "ciudadanos de primera y de segunda división".
Nadal responsabilizó al Gobierno de que la difícil situación económica por la que atraviesan algunas familias obliga a algunos ciudadanos a acudir a las reunificadoras en lugar de a los "circuitos bancarios".
La diputada también se mostró en contra de que la ley "esconda un traspaso de responsabilidades a las comunidades autónomas" porque éstas no cuentan con los medios humanos y materiales necesarios "para realizar estas funciones".
En la misma línea, el diputado de ERC Francesc Canet señaló que la supervisión de este tipo de entidades "no debería recaer en las comunidades autónomas" sino en el Ministerio de Economía y el Banco de España. El proyecto de ley aprobado por la Cámara fija la información previa que las entidades no financieras envían al consumidor en al menos 15 días antes de la firma de los contratos y ofrece al cliente la posibilidad de desistir de estos servicios en los 14 días siguientes a la formalización del contrato.
