Garzón urge al Supremo a resolver sobre las pruebas que solicito en su defensa

El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, realiza esta petición después de que el pasado jueves le fuera notificada una providencia en la que el magistrado del alto tribunal da trámite al recurso de apelación presentado ante la Sala de lo Penal del Supremo contra el auto en el que se ratifican los indicios contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

En dicha providencia, sin embargo, se omite cualquier disposición sobre las pruebas solicitadas, lo que a juicio de Martínez-Fresneda vulnera lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento criminal, "toda vez que la solicitud de nuevas diligencias es independiente del recurso de apelación".

Las pruebas

Entre las pruebas solicitadas por Garzón, sobre las que están en espera de pronunciarse tanto la Fiscalía como la acusación en esta causa (Manos Limpias, la asociación Igualdad e Identidad y Falange Española de las JONS), están la declaración textual de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que realizaron un voto particular en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de éste órgano de declarar a Garzón incompetente para investigar las desapariciones durante el franquismo. Se trata de José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel.

Igualmente, Garzón pidió que testifiquen Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción, en su condición de miembro del grupo de expertos que él mismo designó para la investigación de esta causa; del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; y de los abogados Joan Garcés y Fernando Magán, que representan a los familiares de los desaparecidos.

Además, interesó el testimonio actual embajadora de Suiza en la República Argentina, Carla del Ponte, en su condición de antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU, y el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país suramericano, entre otros juristas de prestigio internacional.

El abogado del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Gonzalo Martínez-Fresneda, alega que el objetivo de estas testificales es demostrar la "existencia de un debate acerca de la perseguibilidad de los crímenes contra la humanidad, la vigencia de las leyes de amnistía y el alcance de la prescripción en los casos de desaparición de personas". Demostrar que este "profundo debate" es real, afirma, "desmontaría la imputación de una prevaricación", según esta parte.

En concreto, pide que sea llamada a declarar como testigo la actual embajadora de Suiza en la República Argentina, Carla del Ponte, en su condición de antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU y fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

También se solicita que declare el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país suramericano, así como el que fuera juez de instrucción en Santiago de Chile cuando se abrieron varias causas contra la dictadura de Augusto Pinochet y ordenó la exhumación de cadáveres, Juan Guzmán Tapia. Completan esta lista el coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, Hugo Relva; el catedrádito de Derecho Penal de la Universidad de Girona Hernán Hormázabal Malarée; el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, y el presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones referidas a la inaplicabilidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Eduardo Freiler.

Además, Garzón solicita la práctica de una serie de pruebas documentales, también destinadas a demostrar su tesis de que la actitud de Garzón de abrir diligencias para investigar la denuncia efectuada por las Asociaciones de Memoria Histórica "no puede ser tenida por absolutamente irrazonable".

En concreto, se insta a que se aporten a la causa las cuestiones de competencia presentadas por al menos dos juzgados de instrucción, que rechazaron la inhibición planteada por la Audiencia Nacional y que en estos momentos se están tramitando en el Tribunal Supremo.

También interesa que se unan certificaciones de todas las causas penales que se hayan dirigido contra antiguos miembros de las S.S. o del Ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, o contra responsables del Ejército, Policía o miembros de la Administración de Argentina, Chile o terceros países que tuvieran por título de imputación las desapariciones forzadas de personas, asesinatos o torturas.

El objetivo es, según la defensa, mostrar cuál es la "práctica 'usual'" de los tribunales españoles "a la hora de interpretar la prescripción de los delitos cometidos en el contexto de crímenes contra la Humanidad".

Las declaraciones de De la Vega

Además, Garzón pide que se remita un oficio al Congreso de los Diputados para que se entregue testimonio del Diario de Sesiones de 14 de diciembre de 2006, para mostrar que "tampoco existe contradicción ni incompatibilidad entre la Ley de Memoria Histórica y el Código Penal para los autores de esa ley".

El abogado de Garzón se refiere a una intervención de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la Cámara Baja con ocasión del debate de la Ley de Memoria Histórica, en la que "dejaba claro" que este texto y el Código Penal tienen cada uno "su campo de acción".

En el escrito recoge las palabras de De la Vega y, en concreto, cuando pidió que no se confunda el ámbito de esta ley --"que no es otro que el de la articulación de la solidaridad de las víctimas y de los españoles hacia todas las personas que sufrieron violencia"-- y el del Código Penal, que es "una ley de justicia penal".