Los imputados en la 'Operación Pretoria' defienden que su actuación fue "en beneficio público"

Los primeros en llegar a la Audiencia Nacional han sido Antoni Jiménez y Víctor Ros, imputados por los delitos de asociación ilícita, fraude fiscal y exacciones ilegales y defendidos por el letrado Artur Ventura, que tras la comparecencia ha dicho que están "tranquilos y cómodos" y ha afirmado que el segundo ha aclarado ante el juez todas sus "decisiones políticas".

"He pensado mucho en mi familia y en el pueblo de San Andreu de Llavaneres, que es lo más importante de todo", ha señalado Ros, que ha negado tener alguna relación con cualquiera de los otros imputados en la causa -que ya ascienden a veinte- y, por tanto, que pudiera formar parte de la presunta trama.

Garzón sostiene en su auto que durante el mandato de Ros en Sant Andreu "se tomaron decisiones que favorecieron a algunos de los imputados en perjuicio del propio Ayuntamiento", y de Antoni Jiménez señala "que habría tenido participación en la denominada 'operación Niesma'", desarrollada en esta localidad barcelonesa entre 2003 y 2007 y en la que supuestamente se defraudaron 12.377.000 euros.

Tras ellos el turno ha sido para Juan Felipe Ruiz i Sabido, imputado por un delito de tráfico de influencias y cuyo abogado, José María Fuster-Fabra ha señalado que su cliente ha actuado siempre "en beneficio público" y que su gestión ha beneficiado a Badalona.

El magistrado sostiene que Ruiz i Sabido es "persona muy próxima a Luis García", ex diputado del PSC y supuesto cabecilla de la trama, al que habría ayudado "con decisiones favorables al grupo de inversores para los que trabajaba éste".

El último de los cuatro imputados que ha declarado ha sido Emili Mas, suspendido temporalmente de militancia del PSC tras su imputación en el "caso Pretoria", y al que el juez le imputa un delito de actividades prohibidas a funcionario público.

"Una comedia de enredos con graves consecuencias"

Según ha manifestado su abogado, Joan Castelló, ha dicho que la "operación Pretoria" es "como una comedia de enredos con unas graves consecuencias" y ha señalado que su cliente espera que "esto termine lo más pronto posible" y "está convencido de que va a ser así".

Garzón sostiene que Mas mantenía una "fluida relación" con Luis García "relacionada con cuestiones urbanísticas e inmobiliarias", y así, como vicepresidente de Marina Badalona, habría "facilitado" la intervención de García, y los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluis Prenafeta en una operación urbanística en Cerdanyola del Vallés y en otra en el Prat de Llobregat en las que hubo pago de comisiones.

También consta su intervención con García y con el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz "en la operación conocida como 'Ciba 3' en esa ciudad, emitiendo, como economista y a requerimiento del segundo, informe negativo a una adjudicación", que finalmente se entregó a la empresa municipal Gramepark, implicada en la trama, que supuestamente defraudó casi 45 millones de euros.

Aunque hoy estaba citada la madre de Muñoz, Josefina Calvet -a la que el juez acusa de haber recibido junto con su hijo un millón de euros-, no ha comparecido ya que padece Alzheimer y, según varios informes médicos presentados ayer al magistrado, no puede prestar declaración, por lo que Garzón designará a un forense para que la examine.

En esta última tanda de imputados figura Philip McMahan Bolich, que tiene su residencia en Andorra y por ello Garzón ha cursado una comisión rogatoria para interrogarle.