COAG pide ante la UE que la aplicación de la sentencia que declara ilegal el acuerdo con Marruecos no perjudique a los agricultores

El pasado jueves 5 de junio, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha mantenido conversaciones en Bruselas para conocer en qué punto se encuentran las negociaciones para aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia sobre la inclusión ilegal de los territorios del Sáhara Occidental en el Acuerdo UE-Marruecos, así como para trasladar sus posicionamientos al respecto.
El pasado mes de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el acuerdo UE-Marruecos debido a que atenta contra el Derecho internacional, pues vulnera el derecho a la autodeterminación y el efecto relativo de los tratados al no prestar su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental.
La sentencia del Tribunal confirmaba definitivamente la anulación de la Decisión del Consejo que modifica el Acuerdo UE-Marruecos en materia de liberalización comercial de los productos agrarios, ampliando las preferencias arancelarias en él contenidas a los productos originarios del Sáhara Occidental. Sin embargo, permitía que el Acuerdo sobre medidas de liberalización en materia de productos agrícolas entre la UE y Marruecos se mantenga por un período de doce meses, hasta el 4 de octubre de 2025.
COAG clama contra la falta de claridad en torno a la sentencia del TJUE
Andrés Góngora, responsable Estatal de Frutas y Hortalizas y miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, ha expuesto sus planteamientos y demandas ante la Comisión Europea, y ha señalado que “hasta ahora, la información recibida es prácticamente nula. Hay muy poca transparencia y consideramos clave la participación de instancias como el Parlamento Europeo durante el proceso”.
Desde COAG se advierte que, independientemente de cuál sea la resolución, no debe ser perjudicial para los productores de frutas y hortalizas, tanto en España como en la UE, y que en todo caso debe respetarse la preferencia comunitaria y la soberanía alimentaria. “No aceptaremos medidas que vengan a dañar aún más nuestra rentabilidad y, para ello, continuaremos trabajando en varios frentes, especialmente en los meses que restan hasta el plazo límite de aplicación de la sentencia”, ha recalcado Luis Góngora.