DOS DELITOS DE SUSTRACCIÓN DE MENORES

La Fiscalía pide cinco años de prisión para Juana Rivas

Pide, además, inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena y la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años y el pago de las costas

Juana Rivas, en una imagen de archivo.
Juana Rivas, en una imagen de archivo.
La Fiscalía pide cinco años de prisión para Juana Rivas

La Fiscalía de Granada ha solicitado provisionalmente un total de cinco años de prisión para Juana Rivas por dos delitos de sustracción de menores, además de la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años.

En el escrito de acusación, remitido al Juzgado de Instrucción número 2 y previo a la celebración de juicio, el Ministerio Público señala las cinco instancias judiciales que, a lo largo de nueve meses, han requerido a la vecina de Maracena (Granada) con distintas resoluciones la obligación de devolución de sus dos hijos a Italia, estado de su residencia habitual con el padre, Francesco Arcuri.

El escrito fiscal señala que la acusada, "consciente" de las resoluciones judiciales y "con ilícito ánimo de incumplirlas", permaneció oculta con sus hijos en un lugar indeterminado sin facilitar su paradero y "a sabiendas de la obligación que pesaba sobre ella de restituirlos".

Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, la primera resolución de restitución de los menores fue dictada el 14 de diciembre de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada a demanda de la Abogacía del Estado por sustracción internacional del menor; seguida de otras el 21 de abril de 2017 por la Sección Quinta de la Audiencia de Granada y el 11 de julio por el Juzgado de Primera Instancia número 3.

De nuevo se reiteró con una providencia esta última instancia el 24 de julio, y el 9 de agosto se volvió a pronunciar en el mismo sentido de restitución de los menores la Sección Quinta de la Audiencia de Granada.

Finalmente, el 28 de agosto del año pasado Rivas entregó en dependencias de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil de Granada a los menores, que desde entonces viven con su padre en la pequeña isla de Carloforte, al sur de Cerdeña, donde se mantiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la custodia definitiva.

La Fiscalía ha recordado que Rivas se desplazó con sus hijos desde Italia a Granada el 18 de mayo de 2016 con el objeto de visitar a sus familiares para emprender luego regreso a Carloforte.

El 2 de agosto la acusada comunicó a Francesco Arcuri su negativa a regresar con los niños a Italia y permaneció oculta con ellos "consciente de la obligación de restituirlos" al lugar donde realmente residían y estaban escolarizados.

El Ministerio Público acusa por todo ello a Juana Rivas de dos delitos de sustracción de menores, por cada uno de los hijos, y le solicita una pena de dos años y seis meses por cada uno de ellos, cinco años de prisión en total.

También le pide la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena y la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años, además del pago de las costas.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal se produce después de que el juzgado acordara continuar por el procedimiento abreviado la causa contra Rivas por los delitos de desobediencia a la autoridad y sustracción de menores.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 ordenó el pasado diciembre que se diera traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que formularan escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.

Rivas ha justificado en reiteradas manifestaciones públicas y ante la justicia que intentó actuar en todo momento para proteger a sus dos hijos frente a su expareja, Francesco Arcuri, que fue condenado en 2009 por lesionarla y al que Juana denunció nuevamente por maltrato en julio de 2016, denuncia pendiente de resolución por la justicia italiana.

Su actuación llevó incluso a que se investigara a su entorno más cercano, caso de sus familiares más próximos y de la psicóloga y la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, aunque todos ellos quedaron fuera del procedimiento después de que la Fiscalía lo pidiera por no haber indicios que acreditaran la participación de ellos en ningún hecho delictivo.