jueves 21.11.2019
Aconsejan reclamar con urgencia a la Hacienda autonómica la devolución del Impuesto

Facua insta a reclamar ya impuesto de hipoteca antes de fin plazo

La organización de consumidores Facua ha recomendado hoy que los clientes que firmaron una hipoteca en septiembre y octubre del 2014 reclamen con urgencia a la Hacienda autonómica la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) antes de que prescriba el plazo

Imagen Facua.
Imagen Facua.

Según ha manifestado Facua en una nota, aunque el Tribunal Supremo (TS) ha dejado en el aire la sentencia de la semana pasada que establece que es el banco el que debe abonarlo, es "fundamental" que los usuarios que firmaron sus préstamos hace cuatro años reclamen el reembolso del impuesto a la administración tributaria autonómica antes de que transcurra el plazo de prescripción de cuatro años establecido en la ley.

La asociación ha aconsejado que los usuarios deben solicitar a Hacienda la devolución de ingresos indebidos y la rectificación de la autoliquidación del IAJD mediante una instancia en la que se haga alusión a que el sujeto pasivo es el banco y no el usuario, tal y como se refleja en la sentencia 1505/2018 de la Sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS.

La reclamación debe acompañarse de una copia del impreso de autoliquidación del IAJD, pero en el caso de que no lo posean los usuarios que quieran efectuar la reclamación, pueden aportar todos los datos posibles para que la administración tributaria determine la liquidación del impuesto.

Según los artículos 66 y 67 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, se establece que el plazo de prescripción de cuatro años para reclamar a Hacienda comienza a contarse a los 30 días hábiles desde la firma de la escritura, pero la federación de consumidores aconseja que los usuarios presenten la reclamación incluso si tienen dudas sobre si el plazo a prescrito. 

A este respecto, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) considera que "provoca vergüenza suprema" la decisión del Tribunal Supremo de revisar la sentencia de la Sala de lo Contencioso que establece que la banca, y no sus clientes, deben pagar el impuesto de actos jurídicos al firmar una hipoteca.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se reunirá hoy con los magistrados que dictaron la sentencia en un encuentro de carácter interno para analizar la situación creada tras el fallo y confirmar o no la jurisprudencia creada, por su fuerte impacto económico y social.

El pasado jueves, una sentencia de la Sala de lo Contencioso determinó que debe ser la entidad financiera, y no el cliente, quien se haga cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, en contra del criterio de otra sentencia del Supremo, de febrero de este año, que consideró que el pago debe recaer en el cliente.

Ante la avalancha de críticas y el desplome de la cotización de los bancos, el alto tribunal anunció el viernes que paralizaba con carácter urgente todos los recursos planteados y que la decisión definitiva se tomaría en el Pleno del tribunal, formado por una treintena de magistrados.

En un comunicado, la PAH ha asegurado hoy que "la legitimidad del Tribunal Supremo está en entredicho una vez".

"No es la primera vez que el TS opta por aplicar medidas económicas frente a las jurídicas, que son las únicas que le competen", ha criticado la PAH, que ha recordado que cuando la Sala de lo Civil en mayo de 2013 dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, limitando la devolución por los bancos a la fecha de su sentencia, tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2016 el que dijera que la devolución tenía que ser desde el momento de la firma de la hipoteca.

Según la PAH, la Sala de lo Contencioso-Administrativo "ha venido dictando últimamente sentencias progresistas, a diferencia de la de lo Civil", como la de diciembre de 2017 sobre protección de los menores en caso de desahucio o la de julio de este año sobre la obligación de cumplir los dictámenes de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos.

"Los poderes económicos han debido hartarse ya y han decidido presionarla para impedir que hagan Justicia, y conseguir que sigan haciendo su justicia", ha opinado la PAH, que ha denunciado "esta decisión sin precedentes, y esperamos que los otros 30 jueces opten por mantener el criterio de los de la Sección Segunda".

"Para nosotros -añade la nota de la PAH- no es nuevo tener que sufrir a una Administración de justicia servil y blanda con los poderosos y dura e inflexible con los débiles".