El fiscal investiga al equipo de Seguridad al mando del ex policía Marcos Peña
Moix ha realizado ya su primera petición de datos sobre el espionaje a políticos madrileños presuntamente efectuado por agentes de dicho departamento. En un escrito cursado el pasado viernes, requirió a Granados que informase sobre los datos que tuviese acerca de los seguimientos ilegales sufridos por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, publicados por este diario y que ambos políticos han denunciado ante la fiscalía.
Ese mismo día, Moix recibió de manos de El País las pruebas documentales de dichos marcajes por parte presuntamente de agentes de la Consejería de Interior, que aludían en sus partes de seguimiento a dos cargos de la Dirección General de Seguridad de los que dependían: Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector de Seguridad, respectivamente.
El fiscal solicita información sobre los tres ex guardias civiles
El fiscal ha puesto su primer foco de investigación en las funciones que desempeñaba la unidad que dirige el ex inspector de policía Marcos Peña, fichado en junio de 2008, y en la que trabajan los tres ex guardias civiles que contrató Granados en septiembre de 2007, sobre los cuales también ha solicitado datos (contratos, funciones y dependencia jerárquica).
Moix ha solicitado al Gobierno de Esperanza Aguirre un detallado perfil del ex inspector Marcos Peña, responsable de una unidad que presuntamente elaboraba informes sobre escándalos de corrupción en municipios socialistas y en Madrid para su consejero, Granados. Peña explicó a que ése era su cometido y que incluso recababa información para su trabajo de servicios policiales dependientes del Ministerio del Interior.
Granados deberá confirmar si Peña pertenece a Interior
El fiscal jefe del TSJM ha pedido a Granados que confirme si este ex agente pertenece a su departamento y, en caso afirmativo, cuáles son sus funciones, de quién depende jerárquicamente y qué dice su contrato. Antes de fichar por la Comunidad de Madrid, Peña era jefe de Seguridad en Iberdrola y, en sus ratos libres, suministraba informaciones delicadas a algún medio de comunicación. Peña colocó en mayo de 2006 a El Mundo un dossier sobre el presunto trato de favor de un asesor de La Moncloa a la empresa auditora de su padre. El dossier resultó falso y el medio de comunicación, que identificó a Marcos Peña como su fuente, fue condenado a pagar 18.000 euros al agredido.
Hace días, Peña sostuvo ante El País que hacía informes sobre escándalos de municipios socialistas como Ciempozuelos o Coslada, e incluso sobre el Ayuntamiento de Madrid, bajo gobierno del PP. Y explicó que sólo respondía ante el consejero Granados, pese a que su departamento tiene un director general: antes era Sergio Gamón, que fue destituido un mes después de que Peña llegara a la Consejería de Interior, porque requisó documentación de un despacho de Justicia, y ahora lo es Enrique Barón, ex jefe superior de Policía de Madrid fichado para sustituir a Gamón. Barón proclama que no tiene ningún control sobre Peña y su grupo.
Cuando el ex inspector Marcos Peña llegó a la Consejería de Interior, en junio de 2008, ya se habían efectuado los seguimientos a políticos. Entre abril y mayo de ese año, en plena batalla interna en el PP tras el fracaso electoral de marzo, dos dirigentes alineados con Mariano Rajoy, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el consejero de Justicia, Alfredo Prada, fueron espiados en sus movimientos públicos y privados por agentes que, según sus propias notas, dependían de la Consejería de Interior. En aquellos meses, el jefe de seguridad de la Comunidad de Madrid era Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre, de quien había sido jefe de seguridad durante su etapa como presidenta del Senado.
La investigación podría quedar interrumpida
La investigación abierta por el fiscal jefe de Madrid podría quedar interrumpida en los próximos días si el titular del Juzgado número 47 de la capital, José Sierra, incorpora a la causa que ha abierto por supuesto espionaje al vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, los hechos denunciados por Manuel Cobo y Alfredo Prada, también relacionados con seguimientos a políticos en la Comunidad de Madrid.
En ese momento, el fiscal debería inhibirse y pasar todo lo actuado al juez de Plaza de Castilla. El espionaje a González, del que existen pruebas documentales también aportadas por EL PAÍS a la fiscalía, no tiene autoría conocida, a diferencia de los de Cobo y Prada.
