Las investigaciones se iniciaron en junio de 2021, cuando la Inspección de la Agencia Tributaria de Murcia detectó una trama de empresas, controlada por un grupo familiar a través de testaferros, con facturación cruzada presuntamente falsa y una actividad económica parcialmente simulada.
Tras las primeras investigaciones, la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Murcia denunció los presuntos delitos en el juzgado de Guardia de Cartagena, solicitando el nombramiento del Servicio de Vigilancia Aduanera como policía judicial y de la Inspección Tributaria como auxilio judicial.
Durante el primer trimestre del año 2022 se identificaron y localizaron los locales y los centros donde se podría llevar la dirección y gestión de la trama, además de identificarse a las personas presuntamente responsables.
Finalmente, el pasado día 21 se produjo el registro en los domicilios de los sospechosos, en una asesoría y en varias naves industriales ubicadas en las provincias de Madrid y Barcelona y en la ciudad de Cartagena.
En los registros se intervino documentación y soportes informáticos relativos a las operaciones comerciales y las declaraciones fiscales de la trama defraudadora.
Tras el análisis de la documentación, la AEAT estima que los presuntos delitos contra la hacienda pública corresponden a un fraude en el IVA estimado de 2,7 millones de euros y de medio millón de euros en el impuesto sobre sociedades.
Además de los registros se ha solicitado el bloqueo de 49 cuentas bancarias de sociedades de la trama y se ha detenido a cinco personas –tres miembros de una familia que dirigían la organización, un asesor fiscal y un testaferro–, a los que se acusa de delitos contra la hacienda pública, contables y de falsedad documental.
En la operación han participado las dependencias regionales de Inspección de Murcia y Cataluña, así como la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y las áreas regionales de Vigilancia Aduanera de las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria en Murcia, Madrid y Cataluña. EFE