lunes 17.02.2020

Un rompecabezas fiscal (I)

Este verano está teniendo lugar en Francia un debate interesante. Se trata de la propuesta de instaurar un impuesto sobre las emisiones de CO2 producidas por el uso de combustibles fósiles en el transporte y la calefacción. Por el momento ha tenido poco eco en España, pero dado que el gobierno esta preparando el proyecto de Ley de Economía Sostenible, seria bueno estudiar ese tipo de iniciativas.

La idea de encarecer los productos y servicios especialmente responsables de las emisiones causantes del efecto invernadero, para así modificar los comportamientos de sus usuarios, forma parte del desarrollo de una “fiscalidad verde” que transfiera la carga impositiva desde el factor trabajo a la carga contaminante.

En principio recibió un amplio consenso social y el triunfo de los ecologistas en las pasadas elecciones europeas le dio un nuevo impulso. Una comisión, presidida por el ex primer ministro socialista y colega eurodiputado Michel Rocard, fue encargada de darle forma y, antes de irnos de vacaciones, presento una propuesta bajo la denominación políticamente más correcta de “contribución energía-clima”.

La elección de Rocard forma parte de la estrategia de Sarkozy de reclutar a socialistas de reconocido prestigio y que no son ya protagonistas de la oposición .Y, en lo que al diseño de nuevos impuestos se refiere, Rocard tiene experiencia puesto que, siendo primer ministro con Mitterrand, ya instauro una Contribución Social Generalizada (una especie de impuesto proporcional sobre la renta de amplia base) para financiar la seguridad social. Obsérvese de nuevo el uso del termino “contribución”, evitando el de “impuesto” para referirse a la nueva figura contributiva.

Pero, como suele ocurrir, es difícil bajar de las musas al teatro, como diría nuestro clásico .O, lo que es lo mismo, pasar de una idea que resulta simpática a una formula concreta en la que cada cual ve como le afecta a su bolsillo. Y así, a pesar del camuflaje de la denominación, los franceses han percibido menos la idea de luchar contra el recalentamiento climático que una reducción de su renta disponible.

La comisión Rocard propone gravar con 32 euros cada tonelada de CO2 emitida en el transporte y usos domésticos, con un aumento de 5 euros al año hasta llegar a los 100 euros en el 2030.La polémica que ha levantado muestra las dificultades de aplicar un impuesto que sea ecológicamente eficaz, y socialmente aceptable. Y, como con cualquier impuesto, eso depende de quien lo soporta, de los efectos que induce y del uso que se da a lo que se recauda.

Me temo que sean demasiadas cuestiones para agotarlas en un solo artículo. En primer lugar como afecta al bolsillo del contribuyente .La factura de calefacción aumentaría en media un 15 %, 160 euros para cada familia el primer año. Y 80 euros para el automovilista medio. Pero, en materia de impuestos, las medias esconden todos los problemas de equidad. No es lo mismo vivir en medio rural sin transportes colectivos que el que viaja en metro, ni hace igual de frío en todas partes. Y, sobre todo, el efecto sobre las familias depende de su nivel de renta.

Puesto que de lo que se trata no es de recaudar más, sino de variar la estructura de precios relativos para modificar hábitos y desincentivar ciertos consumos, surge inmediatamente la idea de una compensación financiera que devuelva a las familias lo que les ha costado el impuesto-carbono, Pero si se quiere que la señal-precio sobre el consumo energético sea eficaz no hay que anular su impacto devolviéndolo a todo el mundo.

Se impone pues una devolución basada en la renta familiar disponible. Y aquí la casuística que se abre es muy compleja, como sabemos bien los que hemos pasado algunos años de nuestra vida en cuestiones fiscales.¿Hay que tener en cuenta solo la renta de la familia o también el numero de personas que la componen y el lugar de residencia? .Los partidarios de la simplicidad y del tanto alzado, y en España hay unos cuantos ,como demuestran los 400 euros per capita o el cheque bebe igual para todas las familias, proponen devolver íntegramente lo recaudado en la forma de un “cheque verde” igual a la factura energética media de cada francés.

Sencillo, pero demasiado injusto si se tiene en cuenta que para el que vive en zona rural, tributario de su coche para ir a trabajar, y que se calienta con fuel, el coste es 4 veces mayor que para un urbanita que vive en un inmueble colectivo.

Cierto que el primero paga 4 veces más porque emite 4 veces mas CO2.Pero no se puede obviar que el segundo emite menos porque dispone de mejores servicios colectivos y de infraestructuras urbanas más adecuadas.

Y luego esta el nivel de renta, se viva en el campo o en la ciudad. Se pueden imaginar cuan fino hay que hilar para que el nuevo impuesto sea socialmente aceptable y administrativamente gestionable. Veremos como se salen nuestros vecinos de ese avispero.

Otra gran cuestión es su impacto sobre las empresas. En principio, como para las familias, a tanto la tonelada de CO2. Pero la comisión Rocard propone exonerar a las actividades industriales más energívoras que ya están sometidas al mercado europeo de cuotas de emisión y tienen que comprar los derechos de emisión para el CO2 que rebase su cuota.¿Y a cuento les cuesta, comparado con los 32 euros/ton de las emisiones familiares?Pues depende de a cuanto este el mercado del CO2.Ayer estaba a 14 euros/ton ,pero va a fluctuar y va a bajar más cuanto más esfuerzos hagan las empresas para reducir sus emisiones y reduzcan así su demanda de nuevos derechos de emisión.

Todo un rompecabezas. Y faltan además algunas piezas, como el impacto sobre la competitividad, el uso que se de a la recaudación no devuelta a las familias y el trato al consumo eléctrico .Cuestiones interesantes en la perspectiva de eso que ahora llamamos nuevo modelo productivo. Podemos seguir con ellas la próxima semana si en la calma veraniega no surgen cuestiones más urgentes. [email protected]

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