Escoltas y recortes
Resulta que ahora nos enteramos de que el juez Garzón tenía ¡nada menos!, que 18 escoltas. Ese es el número de policías que Rubalcaba había asignado para proteger al juez y su familia, muy por encima de la inmensa mayoría de los representantes del Estado. Solamente el Rey, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición tienen un despliegue similar. Ha sido sin duda el juez más protegido en nuestro país, muy por encima del resto de magistrados de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo.
El argumento es que Garzón necesitaba ser escoltado día y noche debido a los complejos asuntos que llevaba entre manos desde los temas de ETA, a trafico de droga, blanqueo de capitales, etc., y al haber encarcelado a peligrosos delincuentes es lógico que se garantizara el máximo su seguridad. El tema es que muchos de sus compañeros también lo han hecho y los criterios han sido muy diferentes, tal sea porque la proyección mediática era muy distinta y pocos se incluían entre lo que hemos llamado jueces estrella.
Sea como fuere, el ministro del interior ha decidido que como el juez ya no lo es -ya que el Consejo General del Poder Judicial le ha quitado esa condición tras ser condenado por prevaricación- debe reducirse drásticamente el número de policías destinados a protegerle, lo cual parece lógico, aunque muchos lo verán, sin duda, como una especie de persecución gratuita al personaje y se volverán a alzar las voces de siempre en su defensa. El asunto es que el recorte no ha sido solo con Garzón y de hecho en la etapa de Zapatero se redujeron muchísimo el número de escoltas debido sobre todo a que la amenaza de ETA era menor.
En el País Vasco y Navarra hace ya tiempo que se han retirado los escoltas a muchos políticos y lo mismo ha ocurrido en el resto de España, por lo que en este caso la vara de medir no ha sido distinta por ser el juez que es. Según dicen los expertos, Madrid sigue siendo la ciudad donde más personas van escoltadas y en la que más vehículos se dedican a protección de personalidades de todo tipo. Ahora, el Gobierno piensa meter la tijera a esa partida y recortar a la mínima expresión sobre todo el uso de coches oficiales, donde también se han producido demasiados abusos.
Está claro que lo primero es garantizar la seguridad, pero esto no está reñido, en absoluto, con aplicar políticas de ahorro y me parece razonable que también en un asunto tan sensible se quiera meter la tijera. No se trata de hacer distingos, sino de evaluar los casos y obrar en consecuencia. En nuestro país hubo un tiempo en que llevar escolta era un símbolo de status social, lo que llevó a algunos a solicitarlo y les fue concedido sin que hubiera una necesidad objetiva, lo cual era una perversión que costó mucho tiempo y dinero desmontar. Afortunadamente, ahora ni los riesgos son tan elevados ni el país está para gastos innecesarios, por lo que es bueno poner las cosas en su sitio.
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