lunes, mayo 20, 2024
- Publicidad -

Todo vale para derribar al Gobierno

No te pierdas...

Agustín Vinagre Alcázar
Agustín Vinagre Alcázar
Agustín Vinagre Alcázar Diputado Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. Presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda

La pasada semana el Congreso de los Diputados, en su segundo intento, aprobó la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña por 178 votos a favor y 172 en contra, tras meses de intensas y complejas negociaciones. Ahora, como corresponde a cualquier ley orgánica continuará su tramitación parlamentaria en el Senado, donde la mayoría absoluta del PP intentará retrasarla y obstaculizarla todo lo que pueda. La recta final de la tramitación en la Cámara Baja ha estado muy marcada por el informe de la Comisión de Venecia, organismo consultivo al que la mayoría popular en el Senado había recurrido como parte de la estrategia del PP de intentar internacionalizar el rechazo a la amnistía. El informe se ha quedado lejos de la condena al Gobierno que buscaba el PP y, más allá de las interpretaciones torticeras que la derecha y la derecha extrema quieran hacer, avala la esencia y el espíritu de la Ley de amnistía y su valor como instrumento sobre el que trabajar por la reconciliación. Además, deja claro para aquellos que se obcecaban en negarlo que las amnistías son un mecanismo utilizado en la práctica totalidad de países para cerrar heridas tras algún conflicto político enconado.

Como ya señalé en algún artículo anterior, la futura Ley de amnistía es un instrumento para tratar de pasar página y apostar por la convivencia. Significa entender que un conflicto político y social que movilizó durante años a millones de catalanes debe tener una resolución política, dentro de la ley y del marco que establece nuestra Constitución. La solución no puede venir ni vendrá nunca desde la cárcel y la represión sino desde el diálogo. Esta ley es una apuesta necesaria, valiente y plenamente democrática que trata de devolver al ámbito de la política lo que nunca debió de haber salido de allí. Como muy bien dijo en su intervención en el Congreso Patxi López, “teníamos la obligación de arreglar lo que ustedes estropearon”, dirigiéndose al PP. A los dirigentes populares se les olvida siempre la situación en la que dejaron sumida a Cataluña tras la pésima y nefasta gestión de los Gobiernos de Rajoy: dos referendos ilegales, una declaración unilateral de independencia, crispación creciente y división social con un enfrentamiento entre catalanes en primera instancia y en segunda, entre una parte de los catalanes y el resto de los españoles.

Los catalanes que se consideran independentistas son cientos de miles, son una realidad social que no debemos soslayar ni podemos, democráticamente, acallar. La ruptura en Cataluña durante los días anteriores y posteriores al famoso 1-O supuso un antes y un después en las relaciones entre Cataluña y el resto de España, incluso entre los propios catalanes. Una sociedad, la catalana, con familias rotas que no podían juntarse porque unos creían en la independencia y otros no. Una sociedad que ha transitado desde entonces en la creencia de que aquello que pasó tampoco solucionó sus problemas. Y en ese impasse ha vivido la sociedad catalana, viendo como aquellos que les hicieron creer en el independentismo como solución huían fuera de España. No creo que ningún catalán haya olvidado todo lo que pasó en esos días, ni lo que pasó después, como probablemente no lo haya hecho ningún ciudadano del resto de España. Pero no olvidar no quiere decir que no se quiera pasar página. Y eso es precisamente lo que significa la ley de amnistía, pasar página y continuar avanzando, juntos. Es comprensible que haya personas a las que les genere dudas su idoneidad, pero ¿cuál es la alternativa, el conflicto permanente, la confrontación, la represión? ¿Queremos volver donde nos dejó el PP, en la fractura social y el enfrentamiento? La sociedad catalana en las elecciones del próximo 12 de mayo va a tener la oportunidad de pronunciarse con claridad si sigue anclada en el pasado o, por el contrario, quiere avanzar y dejar atrás definitivamente esos años oscuros. Todo parece indicar que la mayoría de los catalanes están en el camino de abordar un nuevo futuro que fomente y garantice la estabilidad y el progreso tanto de Cataluña como del conjunto de España. Entonces, ¿por qué el contumaz empeño de Feijóo de poner palos en las ruedas de la normalización de la situación política y social de nuestro país?

En una nueva vuelta de tuerca de las voladuras institucionales, el PP, mientras sigue inflamando la calle, ha decidido, en paralelo y amparándose en su mayoría absoluta, utilizar el Senado de manera torticera, convirtiéndolo en un instrumento a su servicio para boicotear la Ley de amnistía. Para ello este miércoles registró una petición para exigir al Congreso la retirada de la ley, bajo el pretexto de que supondría una reforma encubierta de la Constitución. Con esta maniobra buscan paralizar el proceso. Ahora el Congreso dispone de un plazo de un mes para contestar si la retira o no. Lo previsible es que no lo haga y que por su parte siga su curso. ¿Qué hará entonces el PP? Probablemente acudir al Tribunal Constitucional al que pedirá medidas cautelares. Y si esto tampoco les funciona, ¿hasta donde están dispuestos a llegar? ¿Hasta dónde van a tensionar el tejido institucional español? No debemos bajar la gravedad de lo ocurrido: de esta manera están elevando la tensión institucional hasta límites insólitos y nada deseables, olvidando que las instituciones son las piedras angulares del Estado y, por consiguiente, de la convivencia y que, por tanto, es fundamental para la buena salud de nuestra democracia preservarlas, evitando enfrentar unas con otras y cuestionando su legitimidad. Este tipo de actuaciones irresponsables van en la dirección opuesta a lo que Feijóo y el PP dicen defender, poniendo, ellos sí, en riesgo nuestra Constitución. Son precisamente quienes tratan de patrimonializarla, quienes sólo leen una parte, o quienes la incumplen sistemáticamente defraudando a Hacienda o creando tramas corruptas (Lezo, Gürtel, Púnica, Kitchen, Erial, y tantos otros) quienes más la erosionan. Poco parece importarle a Feijóo el daño que con su estrategia de tierra quemada se pueda ocasionar a esa España que tanto dice querer y defender. Todo vale con tal de derribar al Gobierno… ¿se lo vamos a permitir?

Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Publicidad -

Últimas noticias

- Publicidad -