viernes, abril 19, 2024
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El fantasma de Valencia sobrevuela Madrid

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Agustín Vinagre Alcázar
Agustín Vinagre Alcázar
Agustín Vinagre Alcázar Diputado Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. Presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda

Madrid organizará a partir de 2026 un Gran Premio de Fórmula 1, cuarenta y cinco años después de que el circuito del Jarama acogiera por última vez esta competición, tras dejar de hacerlo porque no resultaba rentable a sus organizadores. El pasado martes, en un macro acto celebrado por todo lo alto en IFEMA, con actuaciones y espectáculo incluidos, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital, nos presentaron, con sus bondades y beneficios, el proyecto de lo que será el Gran Premio de Madrid, que se denominará Gran Premio de España. En dicho acto, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde, José Luís Martínez-Almeida presentaron el recorrido, un circuito híbrido que recorrerá tanto terrenos de Valdebebas como viales del recinto ferial de IFEMA, donde se establecerá la meta. El circuito contará con un paddock cubierto y tendrá capacidad para albergar a más de 110.000 espectadores. 

Tanto Ayuso como Almeida aseguraron que el proyecto estará financiado en su totalidad con la aportación de empresas privadas, con IFEMA Madrid como promotor de la cita, y supondrá un importante impacto económico para la capital de España, aportando cifras dispares (500 millones de euros anuales según Almeida, 450 millones para Ayuso; más de 8.000 puestos de trabajo directos estima la Cámara de Comercio frente a los 10.000 que anunciados por la presidenta regional). Lo cierto es que valorar el impacto de un acontecimiento de este tipo es muy complejo. Si bien parece haber informes positivos al respecto, informes que hasta el momento no se han compartido, no es menos cierto que también hay estudios que concluyen que albergar una carrera de Fórmula 1 no produce efectos positivos sobre el PIB o el empleo.

Según se ha insistido, el proyecto no contará con financiación pública directa. No habrá subvenciones al Gran Premio de Fórmula 1 y toda la financiación se conseguirá a través de contratos de patrocinio con empresas privadas. Sin embargo, IFEMA, el promotor, no deja de ser un consorcio con una importante participación pública. Además, nada se ha dicho de quien, y como se va a realizar la inversión en elementos fijos del circuito, así como el montaje y desmontaje anual. Cómo tampoco se dice nada de cómo se va a sufragar la diferencia entre las inversiones estimadas y los ingresos obtenidos de la venta de entradas. ¿De los patrocinios? ¿No se supone que la propietaria de la Fórmula 1, Liberty Media, es la que se quedará con todo lo obtenido de dichos patrocinios? Se habla también de facilidades de las administraciones para desarrollar el proyecto. ¿A qué se están refiriendo? Está por ver aún en qué se traducen esas facilidades administrativas por parte del Ayuntamiento y la Comunidad, y qué coste tienen. Además, aún se ignora la empresa que se ocupará de la gestión del certamen, se tendrá que abrir un proceso de adjudicación mediante un concurso público. Muchas dudas y escasos datos concretos y contrastados.

La Fórmula 1 llegará a “coste cero” para las arcas públicas, se ha asegurado. Sin embargo, hay motivos basados sobre la experiencia para poner en duda esta afirmación. A la mente nos viene el ejemplo de Valencia, cuando Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana por el PP dijo algo similar, con el resultado que todos conocemos: el GP de Valencia acabó costando a todos los valencianos cerca de 300 millones de euros, asumiendo además una elevada deuda que terminó de pagarse el pasado año 2023. El canon anual de arrendamiento, los gastos de los derechos televisivos y la deuda de la empresa privada que sobre el papel iba a financiar el certamen, Valmor, también corrieron a cuenta de las arcas públicas, porque quebró al poco tiempo. Todo el proyecto estuvo regado de múltiples irregularidades, sobrevolando la sombra de graves delitos como son la prevaricación y la malversación. También tenemos el caso del Gran Premio de Montmeló, en Barcelona. Aquí no encontramos sombras de corrupción, pero sí acumulación de pérdidas, con más de 150 millones de euros aportados por las diferentes administraciones públicas para la sostenibilidad del evento. 

Tanto la experiencia de Valencia como de Barcelona han supuesto inversiones públicas y deudas millonarias, pese a lo que inicialmente se afirmó. ¿Por qué Madrid va a ser diferente? Quizás si se dieran a conocer los informes en los que se ha basado el desarrollo del proyecto se podrían despejar algunas dudas. Sin embargo, hasta el momento la transparencia y el flujo de información están brillando por su ausencia en todo lo que tiene que ver con este proyecto. Ni si quiera conocemos el coste del acto de presentación, ni el cómo ni el quién lo ha pagado. No hay datos constatables, ni informes, sólo anuncios, publicidad y, sobre todo, mucha propaganda. ¿Les suena de algo esto? Si, claro, es el modus operandi habitual del Partido Popular. Y claro, luego nos sorprendemos cuando en no pocas ocasiones pasa lo que pasa. Que les pregunten a los valencianos. Desgraciadamente conocemos demasiados casos donde dirigentes del PP, ante la falta de transparencia y controles, hicieron una pésima gestión de los recursos públicos durante el desarrollo de grandes proyectos, cayendo incluso, en ocasiones, en prácticas ilícitas, disparando los gastos y dejando tras de sí un reguero de deudas y de paseos a los juzgados. 

Dejemos claro que, sin duda, que Madrid organice un Gran Premio de Fórmula 1 es una muy buena noticia, un elemento claramente positivo y motivo de alegría. Sin embargo, la falta de información y transparencia que ya estamos constatando, el singular papel desempeñado en todo esto por parte del jefe de gabinete de la presidenta regional, el recorrido del circuito o la propiedad de algunas de las parcelas afectadas, así como las experiencias de lo ocurrido en otros sitios debe de llevarnos a la precaución y a la firme exigencia de la aplicación rigurosa de las normas en todos y cada uno de los procedimientos. Sólo así podremos evitar casos como el de Valencia. Para ello, tal y como ha dicho Juan Lobato, el trabajo de la oposición va a ser “fiscalizar milimétricamente que cada euro que ponga la Comunidad en este evento privado se haga con rigor y eficacia para que no se repitan errores que, por desgracia, ya ha cometido el PP en otros territorios”. 

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