El pasado 10 de noviembre el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid registró para que se tramitara por el procedimiento de urgencia la Proposición de Ley de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha aplicado el rodillo de la mayoría absoluta para un mes después aprobar contra viento y marea, forzando todos los plazos, una norma que introduce modificaciones de calado en hasta quince leyes. Una de las excusas esgrimidas por los populares para estas prisas es la de “superar situaciones de bloqueo en la renovación de determinadas instituciones en las que el mandato de sus consejeros ya ha expirado”. ¿Les suena de algo esto? Que un partido que lleva bloqueando la renovación del CGPJ más de cinco años utilice este argumento produce sonrojo. Pero que, además, el mismo día que Núñez Feijóo celebra que el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a pesar del indecente del bloqueo popular, va a mantener las mayorías reforzadas del Congreso para renovar el Poder Judicial, coincida con el momento en el que Ayuso consuma el asalto a organismos e instituciones fiscalizadoras y de control al gobierno regional, con el silencio cómplice de Feijóo, el sonrojo deja paso a la vergüenza y a la más absoluta indignación. Lo que no se quiere para España se pone en marcha en la Comunidad de Madrid. La ley del embudo de toda la vida que practica día sí y día también la derecha española, la misma que firma el Pacto del Majestic con Pujol, habla catalán en la intimidad, acerca presos etarras a cárceles del País Vasco, llega a acuerdos con Bildu en municipios o se refiere a ETA como “movimiento vasco de liberación” mientras esta seguía matando. ¿Continuo? Porque los ejemplos son infinitos. Claro está que, en su visión particular de la realidad, todo lo que hacen ellos está bien pero ya si son otros los que lo hacen, España se rompe.
Volvamos a la Ley de Simplificación (vamos a llamarla así para simplificar y que al menos en algo su nombre se corresponda con la realidad de su contenido). Dos son las razones que se esgrimen desde el gobierno de Díaz Ayuso para esta Ley. La primera, como decía al principio, la de superar situaciones de bloqueo en la renovación de determinadas leyes. La segunda, mejorar el marco regulatorio autonómico y agilizar y mejorar la eficacia de otros organismos de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es la verdad que se esconde detrás de esta cortina de humo con la que Ayuso trata de confundirnos? Con este movimiento el PP hace un uso abusivo de su mayoría absoluta para asentar aún más su poder en la comunidad, controlando y atando en corto Telemadrid, la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia, dos organismos estos últimos que están diseñados para fiscalizar las decisiones del gobierno regional.
En el caso de Telemadrid, hasta ahora la designación del director general dependía de la Asamblea, lo que obligaba al Gobierno a alcanzar un acuerdo con la oposición para tener una mayoría cualificada. Ahora, el nombramiento se efectuará por cuatro años y a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad, cuyos miembros serán elegidos por la Asamblea de Madrid de entre los propuestos por los Grupos Parlamentarios y de acuerdo con su peso político en la Cámara. Es decir, se asegura la mayoría el Partido Popular y no depender de otros grupos.
Con la reforma de la ley que regula la Cámara de Cuentas, el organismo que fiscaliza contratos y gastos, de nuevo el Partido Popular se asegura su control, modificando el sistema de elección de los consejeros, que hasta ahora eran elegidos por dos tercios de la Asamblea de Madrid, para que, a partir de ahora, en el caso de no llegarse a un acuerdo para alcanzar tres quintos, bastará con la mayoría simple. Es decir, que el partido mayoritario en la Asamblea controlará la Cámara.
Igual suerte va a correr el Consejo de Transparencia, hasta ahora integrado por tres consejeros nombrados por la presidencia de la Asamblea, a propuesta del Pleno de la Cámara, por mayoría de las tres quintas partes. Con la aprobación de la Ley de Simplificación sólo habrá un presidente designado por el Gobierno Regional, eliminando su dependencia de la Asamblea de Madrid.
Con esta reforma exprés de quince leyes el PP de Madrid demuestra dos cosas: la primera, que no tiene ningún respeto por la pluralidad política, la transparencia y la separación de poderes, restándole poder al legislativo, en este caso a la Asamblea de Madrid, algo que ya se venía produciendo sistemáticamente al reducir a la mínima expresión el espacio de actuación de los parlamentarios, cercenando su capacidad legislativa y de control, así como su derecho de acceso a la información. La segunda, que no sabe hacer un uso responsable de su mayoría absoluta, ni siquiera un uso inteligente. Teniendo los votos necesarios y no habiendo necesidad de esta urgencia, se embarca en una tramitación por el procedimiento de urgencia, retorciendo reglamentos y normas y forzando plazos. Así, además de debilitar a las instituciones madrileñas, lo cual es bastante irresponsable, abre las puertas a que la Ley pueda ser recurrida por los resquicios que deja en la forma, lo que es bastante poco inteligente.
El secretario general y Portavoz del PSOE-M, Juan Lobato, ya ha anunciado que está estudiando presentar recursos judiciales contra la Ley de Simplificación, atendiendo a la forma, el contenido y el procedimiento. En primer lugar, porque no hay causas que justifiquen la utilización del procedimiento de urgencia. Esto provoca que se hayan vulnerado derechos fundamentales de los diputados a la participación e intervención de la ley. En segundo lugar, porque la Unión Europea regula como se pueden hacer normas que apliquen variaciones de varios textos a la vez, para lo que es imprescindible que estén todas relacionadas. La Ley de Simplificación afecta a quince leyes que no tienen nexos comunes entre sí.
Como podemos ver, donde el gobierno de Ayuso dice simplificar en realidad se debería hablar de eliminar la pluralidad en órganos de control e instituciones. A partir de ahora el PP de Madrid elegirá a quienes le controlan, en la mejor tradición de una república bananera, pero evidentemente muy alejado de las mejores prácticas de las instituciones punteras europeas. Tratar que todas las instituciones de control sean partidarias pone de manifiesto una preocupante ausencia de principios democráticos esenciales. Que el controlador y el controlado jueguen en el mismo equipo es una perversión que viene a confirmar que el Partido Popular con esta ley solo persigue un objetivo: limitar la fiscalización y el control al gobierno regional y para ello no les importa hacerlo por la puerta de atrás.