martes, febrero 27, 2024
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¿Cuál es la deuda de Petróleos de Venezuela? ¿Y la de la República?

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Miguel Henrique Otero
Miguel Henrique Otero
Periodista, Presidente y Director del periódico venezolano El Nacional.

A partir del primer trimestre de 2017, las medidas de ocultamiento de la información por parte de Petróleos de Venezuela, se intensificaron. Hasta el cierre del 2016, era posible acceder a datos parciales que, proyectados, daban una idea aproximada de cómo estaba la producción petrolera nacionaly cuáles podían ser los ingresos estimados para el fisco por la venta de petróleo y sus derivados. Desde entonces y hasta ahora, la opacidad ha impuesto su reinado: nada se informa, nada se sabe con certeza. Las cifras que existen son las que ofrecen observadores internacionales, organismos de inteligencia y, de particular importancia, las de los acreedores de Venezuela y de PDVSA, cada vez más organizados. 

De todo lo anterior ha emergido un cuadro, cuyo título podría ser, con propiedad, “De lo extraordinariamente eficaz que son las estrategias de destrucción y empobrecimiento del régimen chavista y madurista”. Basta con que repita aquí que la producción petrolera hoy es alrededor de una cuarta parte de la correspondiente en 1998 (menos de 700 mil barriles al día); que la deuda de Petróleos de Venezuela es, cuando menos, de más de 60 mil millones de dólares, es decir, seis veces mayor que el presupuesto del 2023 (de alrededor de 10 mil millones de dólares); y que la deuda conocida de la República sobrepasa los 150 mil millones de dólares. 

Tales son los titulares de una situación gravísima: la de un país que no produce, que está absolutamente endeudado, que no tiene cómo honrar a sus acreedores, y que está bajo riesgo real de perder algunos de sus activos fundamentales en el extranjero -como CITGO y otros-, a manos de los acreedores. Como si todo esto no fuese ya suficientemente trágico, tenemos que añadir que hay ex diputados opositores trabajando para los acreedores en cuestión, y que la liquidación del gobierno interino ha debilitado todavía más la posición, la posibilidad de defender legal y políticamente esos bienes a punto de perderse.

Pero lo dicho hasta aquí no es todo. Falta agregar la deuda interna: pasivos laborales, pagos no realizados a contratistas en el país, montos sin pagar -ni siquiera registrados-porque están envueltos en operaciones de maquillaje contable, insumos adquiridos en el mercado internacional -eludiendo las sanciones- sobre los que no hay registros, pero sí un gran silencio que, tarde o temprano, terminará por estallar.

Mientras escribo este artículo, distintos voceros en Colombia, lo denuncian: Maduro habría sido uno de los financistas de la campaña de Gustavo Petro. De confirmarse estas aseveraciones, lo que tendremos es un ítem más, otra variable que sumar al expediente de cómo fue que la empresa, quefue la más grande y sólida de América Latina, fue arruinada, conducida a su extenuación, en poco más de dos décadas.

Para responder a esta pregunta, en los términos en que la sociedad venezolana lo exigirá, harán falta auditorías, testimonios de trabajadores y ex trabajadores, informes de los contratistas, análisis de expertos, seguimiento de los flujos financieros y mucho más. Sin embargo, no hay que esperar para decir que, en el meollo de la tragedia -porque la destrucción de PDVSA es eso y no otra cosa, una tragedia-, para enunciar lo medular: Chávez accedió al poder con una obsesión en su mente: distorsionar la operación de PDVSA, desaparecer su operatividad como empresa, para hacer de ella un instrumento político. 

Convertida en oficina de regalos y caja chica del gobierno, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Polo Patriótico, de la izquierda latinoamericana, de las narco-guerrillas, del régimen castrista, de las Madres de Mayo, de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, los Kirchner, Correa, Evo Morales, Lula, las fieras Ortega, las fieras Zelaya, el Foro de Sao Paulo, los clanes Cabello, Flores, Gavidia, El Aissami, Padrino López, Amoroso, Chávez, Rodríguez, Arias Cárdenas, Rangel Rojas y tantísimos más, PDVSA hizo de la práctica de traficar con maletas llenas de dólares, una operación cotidiana.

Y todavía hay más: PDVSA, además, entregó parte de su producción a numerosos gobiernos del Caribe -durante años-, a precios que ni siquiera paliaban los costos de producción para así obtener a cambio apoyos políticos, votos a favor y complicidades en el seno de organismos internacionales. 

A toda esta desmesura, a estas continuadas acciones de dilapidación de recursos del país, de apropiaciones de la renta venezolana, de robo y malversación ininterrumpida de los ingresos petroleros, hay que agregar la realidad erosiva de una PDVSA que fue destinada a manejarprogramas sociales, financiamiento de las misiones, a gestionar programas y actividades ajenas a sus deberes productivos, con lo cual sucedió lo que tantas veces se advirtió: la inversión en mantenimiento, seguros, capacitación técnica, actualización tecnológica, mejoramiento de las condiciones de los trabajadores y tantas otras obligaciones, se llevó a un estatuto cero: cero planificación, cero acción, cero inversión. 

De las consecuencias, la más visible es la caída de la producción petrolera, pero hay muchas otras que deben ser enfatizadas. La primera de ellas, relativa a la seguridad de los trabajadores y los contratistas, puesto que las operaciones de PDVSA, y esto debe ser machacado y denunciado sin cesar, son ahora mismo las más inseguras del mundo. PDVSA encabeza el ranking mundial de siniestralidad, lo que se traduce en constantes paralizaciones, accidentes laborales, incendios, fugas de gases, acumulación de desechos peligrosísimos y muchas más. Tal como me contaba directamente un dirigente sindical hace unas pocas horas, las plantas industriales de PDVSA son, ahora mismo, una colcha de remiendos, arreglos transitorios que no se remedian nunca. Pero, al igual que ocurre con la producción, con el destino de los despachos, con los ingresos y sus beneficiarios, también sobre la alarmante cuestión de la seguridad de las instalaciones, se ha tejido un manto de silencio, censura y opacidad que implica graves riesgos para la integridad física y psicológica de miles de trabajadores en distintas partes del territorio.

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