viernes, mayo 24, 2024
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General, no más balas contra el pueblo

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Miguel Henrique Otero
Miguel Henrique Otero
Periodista, Presidente y Director del periódico venezolano El Nacional.

No hay otra institución en Venezuela, ni siquiera PDVSA, ni el sistema judicial, ni tampoco el sistema electoral, que haya sido sometida a un programa de distorsiones tan sistemáticos y destructivos como el aplicado sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana -FANB-.

En sus objetivos más gruesos, ese programa ha consistido en liquidar la institucionalidad que tenía la estructura militar hasta la desgraciada aparición de Chávez en 1992. 

Chávez llegó al gobierno en 1999, con un propósito central: convertir la Fuerza Armada en el sostén principal de una ambición que consistía, como hemos comprobado de forma inequívoca, en establecer un nuevo régimen que, de forma simultánea, liquidara el modelo de la democracia representativa, y lo remplazara por una dictadura personalista, que se prolongara en el poder de forma indefinida. Para hacerlo posible, Chávez se propuso tomar el control de todos los poderes públicos, arrasar con todos los mecanismos de equilibrio y contención, pero sobre todo, como el aspecto más urgente y crucial, se propuso hacer de la FANB una fuerza para beneficio propio, una poderosa estructura que se convirtiera, tal como ha ocurrido, en los pilotes y las vigas de un régimen dedicado al sometimiento de la sociedad. 

Debo detenerme en este punto: Chávez logró enajenar la Fuerza Armada Venezolana. Esta afirmación no es retórica ni política. Se fundamenta en los hechos. Una y otra vez, en las calles de decenas de ciudades y pueblos de todo el territorio nacional, uniformados, atendiendo a órdenes de sus superiores, han asesinado, herido, gaseado, golpeado con violencia brutal, secuestrado, desaparecido y torturado a ciudadanos indefensos que, en la mayoría de los casos, protestaban por sus derechos o se organizaban para reclamarlos. 

El análisis de lo ocurrido desde 1999 hasta ahora nos conduce a una conclusión terrible: en el seno de la FANB se ha producido una monstruosa perversión: el concepto, la idea, la consigna del ‘enemigo interno’ se ha extendido, se ha deformado sin control, se ha anquilosado en la mentalidad virulenta y unilateral de los altos mandos, con las consecuencias que ya conocemos: la FANB actúa ante la sociedad venezolana, ante la ciudadanía desarmada, como a un enemigo a enfrentar en tiempos de guerra. No puede olvidarse: funcionarios de distintos componentes han disparado gases o balas, han atacado con tanquetas, han arremetido con sus potentes vehículos sobre peatones que circulaban dedicados a sus asuntos.

Este programa de conversión de la FANB ha sido el producto de constantes decisiones y medidas, planificadas y articuladas entre sí. La medida más general, afinada y refinada en sucesivas legislaciones -decretos, leyes orgánicos, reglamentos- ha sido dotarla de un estatuto legal que la hace omnipotente y omnipresente: una fuerza militar que puede actuar en la totalidad del espacio público venezolano, que no tiene campos vedados, que puede intervenir en lo que sea: un cuerpo armado y jerárquico con fueros ilimitados.

Sobre esta amplia definición, que significa poner el país al servicio de la FANB y no al revés, el régimen ha creado y difundido una supuesta nueva doctrina militar que manosea el tópico antiimperialista, para establecer la realidad de un enemigo interno, que es toda persona -ello incluye a menores de edad-, que disiente o se opone a la dictadura, y que ha convertido a la corporación militar en una especie de suprapoder, autorizada al sometimiento absoluto de la sociedad venezolana.

Para hacerlo posible,  para asegurar la lealtad al régimen, a los funcionarios se les ha garantizado impunidad. Se les ha dotado de uniformes, armas y equipos para ejercer la represión desproporcionada. Se ha permitido la creación de una numerosa casta de generales-empresarios, activos o retirados, que han logrado el control de un alto porcentaje de contratos del Estado. Aunque carezcan por completo de las capacidades profesionales y gerenciales necesarias -el fenómeno Motta Domínguez-, una y otra vez se ha puesto en manos militares cargos de alta responsabilidad con devastadores resultados (de hecho debería enunciarse la ley Motta Domínguez de la administración pública chavista/madurista que dice así: a mayor incompetencia e ignorancia del sujeto designado, más cargos de alta exigencia recibirá como premio a su lealtad política). Se les ha sometido a programas de adoctrinamiento, con resultados simplemente pasmoso, que no son más que un puñado de consignas huecas que estos señores se repiten unos a otros. Se ha politizado a la institución, para que ella sea el brazo armado del PSUV. Se ha mantenido a la estructura militar en un permanente estado de purga, de modo de expulsar, enjuiciar, detener, torturar y asesinar -como asesinaron al capitán Acosta Arévalo- a cualquiera que no sea más que sospechoso de disentir. Se ha estimulado la corrupción en todos los planos imaginables, incluyendo el de la militarización de las vías públicas, para así facilitar el establecimiento de una red nacional de alcabalas que extorsionan a conductores y a peatones.

¿Y cómo ha pagado el generalato tanto dispendio y beneficios recibidos? Reprimiendo. Amenazando. Convirtiendo al cuerpo armado -súper armado- en una estructura que, además de garantizar la permanencia del régimen, opera generado beneficios para su cúpula, mientras en sus bases, soldados y oficiales de baja graduación, subsisten en condiciones de sueldos miserables, hambre y maltratos. El crecimiento de la brecha entre la riqueza desmedida de unos pocos y el empobrecimiento creciente de la mayoría, que está ocurriendo en el país, tiene su correlato en la jerarquía de la FANB: un generalato enriquecido y corrupto, que se sirve de oficiales medios y simples soldados para preservar el statu quo acordado con el régimen

Y así llegamos a junio de 2023, con el segundo semestre y el año 2024 por delante, es decir, al menos año y medio de salarios misérrimos, hambre creciente, servicios de salud colapsados, la delincuencia campeando, y tantas cosas más. ¿Qué cabe esperar de la sociedad venezolana en los próximos tiempos? Lo inevitable: que las protestas se incrementen en todo el territorio. Se trata de un escenario más que probable, para una sociedad que no tiene alternativas: o protesta o mengua de hambre y desnutrición. 

Mientras tanto, hay que recordarlo, la Corte Penal Internacional avanza en sus procesos por violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, muchos de ellos cometidos por uniformados. Dicho esto, hay una pregunta responsable que formular, justo en esta coyuntura: ¿qué harán las FANB cuando las protestas arrecien? ¿Volverán a disparar a los ciudadanos hambrientos o indefensos? ¿O acaso los oficiales medios, hasta ahora testigos silenciosos del horror, volverán su rostros hacia sus jefes y les dirán, general, no más balas contra el pueblo. 

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