De vuelta ya de Semana Santa es importante recordar que Rita Maestre, actual portavoz del Ayuntamiento de Madrid, la capital de España, ha sido recientemente condenada por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. No dimite, a pesar de que fuera el propio Juan Carlos Monedero quien escribiera en Twitter que «el perdón en política se conjuga dimitiendo». No dimite a pesar de que el artículo 4.1 del código ético de Podemos detalla que deberán renunciar a su cargo público quienes se encuentren en su situación. Y no dimite a pesar de que el equipo de Manuela Carmena haya inventado aquello de dimitir del cargo pero no de la nómina, como Guillermo Zapata, quien sigue cobrando su salario a pesar de sus monstruosas declaraciones sobre los judíos y las víctimas del terrorismo, afirmaciones que cobran más significado estos días en los que Podemos, a pesar de los acontecimientos, sigue sin firmar el pacto antiyihadista.
Y es lógico, sus líderes ideológicos están orgullosos. Tras la resolución judicial, Pablo Iglesias le mostró su apoyo «y a las que defienden la laicidad y los derechos de las mujeres», como si asaltar capillas entrara dentro de esa categoría. Iñigo Errejón también le agradeció su «compromiso, coraje y buen hacer» y tildó la sentencia de «castigo rancio, propio de otros tiempos.». Por último, Monedero, olvidándose de su tweet, y como si hubiera sido la Santa Inquisición quien la juzgaba, declaró: «Condenan a @Rita_Maestre los mismos que mandarían a Beauvoir a la hoguera, silenciarían a Darwin o prohibirían a Marx. Una nueva Edad Media».
Curiosamente, es este último quien me hizo recordar el hecho más importante de esta polémica, y que ha sido, injusta y perjudicialmente obviado: que la mayoría de historiadores sitúan los comienzos de la universidad en la segunda mitad del siglo trece, en la Edad Media, que se inició como escuelas en las catedrales. De hecho, muchas de estas nacieron bajo el aliento del papado, como se puede comprobar en la proliferación de las mismas en el período de la Reforma.
Me hizo caer en la cuenta también que tampoco son un invento de la modernidad las becas «Erasmus» o las becas de movilidad al profesorado, como demuestra un documento del Papa Gregorio IX sobre la Universidad de Toulouse en 1233 donde se intuyen por primera vez estas fórmulas. Y, me hizo saber, tras buscarlo, como curiosidad, que los universitarios gozaban del mismo estatus legal especial del que tenían los clérigos en la Europa medieval por el cual era un crimen muy grave atentar contra ellos y tenían el derecho de presentar sus casos legales ante un tribunal eclesiástico antes que en uno secular. Algo muy importante en un contexto donde las ciudades no recibían con buena actitud a los estudiantes por ser origen de altercados.
Unos hechos históricos que demuestran que más allá de que Rita Maestre dimita o no, quien ha pretendido presentarse como una inocente joven que ha sido condenada por enseñar sus pechos, lo cual no es cierto, lo preocupante es la deriva totalitaria que en muchas partes de nuestro país se está viviendo con el hecho religioso, que se pretende confinar en las estreches de lo íntimo, lo privado y lo doméstico, dejando hueco un derecho constitucional como es el de la libertad religiosa, que exige su presencia en la vida pública puesto que las personas no son compartimentos estancos ni pueden cambiar sus creencias cuando cierran la puerta de sus casas.
Un hecho, el religioso, que no es solo vilipendiado por parte de Podemos, como si creer que Dios existe fuera menos legítimo que creer que no, pues no hay evidencia empírica alguna demuestre lo uno o lo contrario, sino también por el PSOE, su socio de gobierno en el consistorio madrileño, quien propuso a las formaciones políticas Izquierda Unidad-Unidad Popular y En Comú Podem, hacer pagar a la Iglesia Católica el IBI a cambio de la presidencia del Gobierno.
Lo más probable es que Rita no se vaya. Pero lo más importante es que nuestra cultura no dimita
Una propuesta que, como agravio añadido, sólo incluía una confesión, la católica, y tampoco incluía a las demás organizaciones cuyas propiedades están exentas de pagar el IBI, entre ellas los partidos políticos, los sindicatos o la propia SGAE. En fin. Empecemos por los últimos y luego, si acaso, nos planteamos los siguientes. En cualquier caso, lo más probable es que Rita no se vaya. Pero lo más importante es que nuestra cultura no dimita, y menos por necedad, desidia o complejo.
Antonio González Terol