El cielo se inflama con una infanta juzgada. El fiscal clama su inocencia y los medios nos cuentan como viste en la sala e incluso si está relajada. El Foro debate animadamente lo oportuno o excesivo de la prisión de los titiriteros; mientras ilustres ediles se ponen de lado y otros señalan injusticia. Los de las Black reciben peticiones de cuatro años por uso indebido de sus tarjetas.
Los 8 de Airbus están siendo juzgados, quizá hayan conseguido Ustedes enterarse. No sabremos si están relajados ni que visten. Su delito, se sabe, haber ejercido el derecho de huelga. La pena que se les pide: más de ocho años por cabeza.
¿Es eso lo que vale el derecho de huelga?¿Quién puede justificar este exceso? ¿Qué concejal emergente, emergente clama contra el desafuero? Y, sobre todo, ¿Por qué un juicio casi en silencio?
La actuación del Ministerio Fiscal, tan comprensivo con los aprovechamientos ilícitos de infantas, parece un evidente atropello a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. La razón real la explicaba en Estrella Digital, José Alcazar, uno de los procesados: “Es una decisión política con el objetivo de asustar a los trabajadores de este país”.
Cuando sigue la evolución de la opinión publica y de la opinión publicada se tiene la impresión de que no se defienden todos los derechos con la misma firmeza. Parece que los hay con encanto, publicitables y de los que presumir. Es mucho mejor ser artista descerebrado que huelguista, faltaría más.
El derecho de huelga debe ser castigado, si, y además, ocultado. Es mucho más eficaz procesar y condenar sindicalistas: eso si que asusta al personal. Contar el porqué no es tan eficaz: alguien podría animarse a continuar su ejemplo. Habría que reflexionar sobre la legislación que se les aplica.
La actuación del Ministerio Fiscal, tan comprensivo con los aprovechamientos ilícitos de infantas, parece un evidente atropello a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución
Afortunadamente, contra el silencio, Marina García Rico, en su reportaje en Estrella Digital, “Los años de plomo del sindicalismo” ha escrito: “protestar contra los recortes más duros de la historia de la democracia en el siglo XXI, se juzga con una legislación franquista del siglo XX. Como si estuvieran en una pesadilla en la que están atrapados, ellos y cerca de 300 sindicalistas se enfrentan a penas de cárcel al aplicarles un artículo del Código Penal redactado a mediados de los años setenta”.
Hay quien no duda en levantar puños y pedir radicales cambios. Sin embargo, concejales de la Ciudad en donde vivo de “Arganda si puede”, ya saben de los del centro del escenario y el cambio, han votado con el PP y contra el apoyo municipal a los procesados. Huelga no; ha venido a decir Ada Colau, en cuanto unos trabajadores y trabajadoras han decidido ejercer su derecho a la huelga.
Cabe avergonzarse de quien se avergüenza de sus sindicalistas. De quien niega a los representantes de trabajadores y trabajadoras el reconocimiento de sus derechos.
Mientras se anuncia, un día si y otro también, el final de la clase obrera y el nacimiento de una ciudadanía que ya no es trabajadora, miles de sindicalistas hacen su trabajo, ejercen su compromiso y dignifican su función.
A los descubridores de nuevos mundos informo: hay trabajadores, trabajadoras y hay quien les defiende y, por cierto, se presentan a elecciones tan legítimas como cualquier otra.
Al negocio no le gusta el ruido. ¡Chist! que no se sepa que los 8 de Airbus están siendo juzgados. Son 8 en Airbus, son 300 personas en toda España, son sindicalistas, obreros, obreras, de esos que no existen hasta que son procesados. Son gente comprometida con la justicia; en realidad, son miles
Es el derecho de huelga al que han sentado en el banquillo. Durante cuatro días se escrutará el comportamiento de representantes de trabajadores y trabajadoras a los que no se ha podido probar agresión o desmán alguno. El mero hecho de formar parte de un piquete, de intentar mediar ante una desmedida acción policial ha servido de pretexto.
Es en lo que este país parece estar. Nada se inflama si un fiscal los quiere llevar a prisión por ejercer su derecho.
Libertad Martínez