Traigo nuevamente a mi columna la controvertida cuestión de la prostitución. Ya en mi estreno, como colaborador de opinión en este medio, abordé la necesaria normalización de esta actividad bajo el titular “Contra la exclusión, regularizar lo prohibido”. Posteriormente, volví a escribir sobre este delicado tema en un artículo en el que trataba el asunto bajo el prisma de “los derechos de las prostitutas”.
Desde luego, la temática es extraordinariamente sensible y no existe consenso respecto al tratamiento que, desde la Administración, debe darse a la práctica de esta vieja actividad. En mis artículos he querido poner sobre el tapete, como cuestión previa, el hecho de que la prostitución no está prohibida en España, pues ya en 2001 el Pleno del Tribunal de las Comunidades Europeas resolvió la controversia en relación con un litigio planteado por unas prostitutas checas y polacas.
El Tribunal, cuyas sentencias son de aplicación en España, falló a favor de la legalización de dicha actividad económica, siempre y cuando la misma se ejerza, en todo caso, por cuenta propia. A este respecto, recordé el caso de la Juez española Gloria Poyatos quien, haciéndose pasar por meretriz, consiguió en 2011 darse de alta como trabajadora del sexo. Por tanto, la primera premisa que debemos tener en cuenta es que la prostitución por cuanta propia ya es legal en España. De lo que se trata, entonces, es de legislar al respecto o, lo que es lo mismo, de regularizar la situación de las mujeres y los hombres que practican esta actividad.
Quisiera señalar que, desde el punto de vista de los partidos, la única fuerza política que, en España, ha planteado la regularización de la prostitución ha sido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
La cuestión es controvertida y compleja. Y es que buena parte de la sociedad y de la izquierda política, española y europea, considera a toda mujer que ejerce la prostitución como persona prostituida, es decir, como víctima de la violencia del hombre contra la mujer o, si se quiere, como el resultado del machismo y de la desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres. Esta corriente de opinión, asumida en gran medida por las mujeres socialistas españolas y europeas, ha sido la que ha inspirado las vigentes legislaciones abolicionistas en materia de prostitución femenina en Suecia, Noruega o Finlandia.
En Suecia, país líder en el tratamiento de la prostitución femenina como violencia de género, la compra de servicios sexuales por parte del hombre hacia la mujer está castigada
En Suecia, país líder en el tratamiento de la prostitución femenina como violencia de género, la compra de servicios sexuales por parte del hombre hacia la mujer está castigada, para el hombre, con pena de cárcel. Si la compra de sexo es, sin embargo, en relación con un hombre, la conducta está despenalizada. Es decir, que se considera delito solicitar servicios sexuales, a cambio de dinero, a una mujer pero nunca a un hombre.
En consecuencia, la legislación abolicionista sueca no admite la existencia de prostitución femenina voluntaria y libre, considerando que todas las mujeres que se prostituyen lo hacen, siempre, de manera forzada, obligadas por la ideología “delictiva” imperante, el machismo.
Traigo a colación el caso Sueco porque, desde hace años, se nos presenta como el milagro contra violencia de género y la trata de mujeres. Las autoridades suecas han tratado de expandir su política a otros países y, al tiempo, difunden informes sobre los resultados de su legislación que intentan hacer ver que en Suecia se ha terminado, prácticamente, con la prostitución femenina y con el maltrato que, dicha actividad, implica necesariamente para las mujeres prostituidas. Sin embargo, la difusión de este supuesto éxito de la política abolicionista sueca es, permítanme la expresión, un clamoroso fraude.
Amnistía Internacional, entidad de prestigio mundial, después de más de dos años de trabajo con organizaciones especializadas y con organismos de Naciones Unidas, considera hoy que la despenalización de la prostitución es la mejor forma de luchar contra la discriminación y la vulneración de los derechos que sufren las mujeres que la ejercen. Según Ana Rebollar, directora adjunta de Amnistía Internacional en España, para las autoridades noruegas «es delito que dos trabajadoras sexuales compartan piso pues es considerado burdel”. Amnistía Internacional señala, así mismo, que han “comprobado que las autoridades suecas amenazan al propietario y si no expulsa a las prostitutas de su casa, será acusado de promover la prostitución en su edificio».
La gran mentira sueca ha dado paso al falaz argumentario de los defensores del abolicionismo. Sin embargo, hay una serie de datos que evidencian la perversion del modelo Sueco. En 2010 se elevó la condena de seis meses de cárcel a un año para los hombres que usan servicios de prostitución con mujeres. Por su parte, la forma de medir el éxito se basa, exclusivamente, en afirmaciones policiales y de trabajadores sociales, principales beneficiarios del dinero publico invertido, que no se sustentan en datos concretos ni en evidencias evaluables, sino en pura propaganda política.
El Instituto Sueco de Estadística ha subrayado que un 1,7 % de jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 25 años habían recibido dinero a cambio de sexo, lo que implica que más de 20.000 jóvenes suecos, muchos de ellos menores de edad, se prostituyen en sus casas.
Por su parte, para la Asociación de Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituída (APRAMP), Suecia es el quinto país de la Unión Europea donde más prostitución se consume, con un 13 % de hombres que pagan por tener sexo con mujeres.
Otro falso logro de la legislación sueca es que no haya mujeres extranjeras ejerciendo la prostitución, pero ello es la consecuencia directa de la represora Ley sueca de Extranjería, que expulsa del pais a las mujeres no nacionales que ejercen la prostitución en suelo sueco.
Frente a la posición abolicionista sueca, surgen otras visiones que consideran que la prohibición de la prostitución femenina es discriminatoria, obstruye aún más el trabajo de las mujeres y las expone a estrés y a enormes peligros añadidos.
Rechazado el modelo sueco, deseo señalar que cualquier política sobre prostitución pasa por aplicar una cierta perspectiva de género, pues es indiscutible que la discriminación y la violencia contra la mujer está detrás de gran parte del negocio de la prostitución, aunque no en su totalidad. Ciertamente, hay datos que afirman que el 80% de la prostitución femenina es forzosa. Por tanto, es vital implementar medios para luchar contra las mafias del crimen organizado con fines sexuales. Y también es esencial promover medidas de rescate e inclusión socio-laboral de las mujeres que ejercen la prostitución forzosa, que, desgraciadamente, son la mayoría del colectivo de prostitutas.
Así las cosas, la regularización de la prostitución no debe ser tratada, por tanto, en su dimensión económica como un virtual negocio para el Estado, pues los recursos que pudieran derivarse de esta actividad, en términos impositivos, deberían aplicarse a la lucha contra la prostitución forzosa y a la inclusión de las mujeres víctimas de la violencia.
La cuestión de la prostitución femenina debe ser tratada, a mi juicio, como un asunto de derechos humanos, de derechos laborales y de seguridad jurídica para las mujeres que ejerzan libremente la profesión más antigua del mundo. Solo así conseguiremos acabar con la trata de mujeres y con la prostitución forzosa y, al tiempo, facilitar a los colectivos de prostitutas voluntarias y libres una adecuada protección legal y policial, que empieza por reconocer sus derechos como personas y como trabajadoras.
Ignacio Perelló