El pasado mes de Julio inicié mi colaboración en este medio con un artículo titulado “Contra la exclusión, legalizar lo prohibido”, en el que abogaba por la regularización de la prostitución, al hilo de la propuesta de Ciudadanos, única fuerza política española que, sensatamente, se ha pronunciado a favor de la normalización de esta actividad. Pocos días más tarde, bajo el titular “Como mujer no me siento diferente a ninguna prostituta, así que me imagino haciendo lo mismo que ellas”, Estrella Digital publicaba la entrevista hecha por la periodista Paloma Baquerizo a su colega Samanta Villar sobre su libro “Nadie avisa a una puta”, en el que se habla abiertamente y sin prejuicios de la prostitución femenina no forzada. En el mes de Septiembre otra noticia de este diario ofrecía a sus lectores los datos de ANESVAD sobre la prostitución femenina en España, destacando que “el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen contra su voluntad”.
En esta columna pretendo incidir en esta controvertida cuestión, y apostar por la regularización, significando la existencia de dos posicionamientos abiertamente encontrados, el abolicionista, que considera cualquier tipo de prostitución como forzosa, es decir, como el resultado de la discriminación entre hombres y mujeres; y el de los que apuestan por la despenalización o por la legalización o regularización (en diferentes grados), como la mejor forma de luchar contra la trata de personas con fines sexuales.
Como cuestión previa, deseo subrayar que la prostitución es totalmente legal en España y en la Unión Europea. Así es, en 2001 el Pleno del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas reconoció como actividad legal el ejercicio de la prostitución en Europa. Por tanto, puesto que es legal, no debemos hablar de legalización sino de regularización o de deseable desarrollo normativo de la legalidad vigente.
AI defiende que la despenalización de la prostitución es la mejor forma de luchar contra las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres
Quiero también señalar que cualquier éxito de una política sobre prostitución, en términos de derechos humanos y de lucha contra las mafias que trafican con personas, pasa necesariamente por dotar de importantes fondos y medios la lucha contra el crimen organizado con fines sexuales y por promover medidas de rescate y reinserción socio-laboral de las mujeres que ejercen la prostitución contra su voluntad, que son la mayoría. Una política que no atienda el alto compromiso presupuestario que necesita la lucha contra el crimen (sexual) organizado y a favor del rescate, la ayuda y la reinserción de las miles de prostitutas forzosas existentes, está llamado a ser un anunciado fracaso. La prostitución no ha de ser vista, por tanto, como un negocio, pues los fondos que pudieran obtenerse, en términos de impuestos de esta actividad regularizada, deberían trasladarse a la lucha contra la prostitución forzosa y los crímenes sexuales. Más allá de los provisionados directamente a tal fin.
Amnistía Internacional, después un proceso de consultas de más de dos años con organizaciones especializadas y organismos de la ONU, así como a partir de las conclusiones de sus investigaciones en Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea, defiende hoy que la despenalización de la prostitución es la mejor forma de luchar contra las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres. Para defender su posicionmianto, toma el ejemplo de Noruega, que simboliza el modelo nórdico y en el que las mujeres no están penalizadas pero sí las demás partes. Según Ana Rebollar, directora adjunta de Amnistía Internacional España, para la legislación y las autoridades noruegas «es delito que dos trabajadoras sexuales compartan piso pues es considerado burdel. Y el dueño del piso, promotor del trabajo sexual. Hemos comprobado que las autoridades amenazan al propietario: si no expulsa a las prostitutas de su casa, será acusado de promover la prostitución en su edificio».
En Suecia, a iniciativa del fuerte grupo de diputadas socialistas, en 1999 se implantó una draconiana política de inversión de la culpa, basada en la más vieja ideología de género. Se penaliza, exclusiva y severamente, al comprador de servicios sexuales femeninos y se despenaliza a la vendedora, pues si el que ofrece sexo es un hombre, comprar sus servicios no está penalizado. El supuesto milagro sueco, que fracasó antes de invertir cantidades ingentes de dinero público en perseguir penalmente a los hombres, se ha convertido en el argumentario fácil de los defensores del abolicionismo, pues la prostitución femenina ha desaparecido prácticamente de las calles. Existe y mucho, pero ha dejado de verse y las feministas de antes, con enorme poder político ahora, lavan su conciencia ideológica desplegando una enorme presión policial y judicial contra el hombre y escondiendo la prostitución.
Los agentes aplican la infame 'Ley Mordaza', que permite sancionar a las trabajadoras del sexo con multas de hasta 30.000 euros
Hay una serie de datos que demuestran la perversión del sistema Sueco. En 2010 se elevó la condena de seis meses de cárcel a un año para los hombres que usen servicios de prostitución con mujeres. Y ello, a peser del carácter disuasorio de la condena. Por otro lado, la forma de medir el supuesto éxito se basa, exclusivamente, en datos policiales y de trabajadores sociales, principales beneficiarios de las ingentes cantidades de dinero público liberado. Una encuesta del Instituto Sueco de Estadística señalaba que un 1,7 % de jóvenes de 16 a 25 años había recibido dinero a cambio de sexo. Un dato vergonzoso y brutal que implica que más de 20.000 jóvenes suecos, muchos de ellos menores, se prostituyen. Para la Asociación de Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituída (APRAMP), Suecia es el quinto país de la Unión Europea donde más prostitución se consume, con un 13 % de hombres que pagan por sexo.
Hay que subarayar que la legislación abolicinista sueca fue enormemente ineficaz en sus primeros dos años de andadura. No funcionó hasta que no se invirtieron cuantiosísimos fondos en formar funcionarios en programas de criminalización de los hombres, en financiar cuerpos de juristas y policías especializados en trasladar las políticas de genero al código penal y en promover (por fin algo sensato) amplios programas de inerción socio-laboral de las prostitutas. Otro falso logro que se otorga a la legislación sueca es que no haya extranjeras ejerciendo, pero este dudoso éxito es obra de la represora e injusta la Ley sueca de Extranjería, que expulsa del pais, automáticamente, a las no nacionales que la ejerzan allí la profesión más antigua del mundo.
Estos días, la Policía Nacional ha empezado a denunciar a las prostitutas de la capital de España. Los agentes aplican la infame Ley de Seguridad Ciudadana o 'Ley Mordaza', que permite sancionar a las trabajadoras del sexo con multas de hasta 30.000 euros. La Delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, es la responsable de la inaceptable presión policial desplegada últimamente contra las prostitutas, sobre todo, en la colonia Marconi (Villaverde), pero también en la Casa de Campo (Moncloa-Aravaca) y en la calle Montera (Centro). Esta erradísima politica solo contribuirá a crimizalizar a este colectivo y a aumentar su ya enorme vulnerabilidad.
Todo el mundo sabe que el polígono Marconi está fuertemente controlado por grupos criminales búlgaros y rumanos, pero la jefa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad prefiere arremeter contra los clientes y contra las propias mujeres. Muy decepcionante, viniendo de una mujer preparada y seria.
Ignacio perelló Almagro, Abogado.
Ignacio Perelló