miércoles, diciembre 7, 2022

Una juez militar pide amparo

El Consejo General del Poder Judicial no para y eso no es bueno. Algo debe fallar cuando se les acumula tanto trabajo y cuando tanto juez les pide amparo. Por partes. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces informaban que en la Comisión Permanente de la institución -que no presidía Gonzalo Moliner- los cinco vocales han decidido por unanimidad no estudiar la petición de amparo que presentó el pasado martes don Elpidio José Silva, el juez instructor del llamado «Caso Blesa».

Lo que aún está por ver es otra petición de amparo, un asunto más que delicado y que protagoniza la juez militar, titular del juzgado togado territorial número 12, ante las presiones que está sufriendo en la investigación de un caso de presunta corrupción en el Ejército del Aire. Presiones que, según la juez, «afectan gravísimamente» a su independencia.

En el caso del juez Elpidio todo es polémico: su protagonista, Miguel Blesa, sus entradas y salidas en la cárcel, la personalidad del propio instructor y -muy especialmente- las sorprendentes declaraciones de Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo y por tanto del CGPJ, refiriéndose al juez Elpidio: «Ya veremos en qué acaba, pues le hemos sancionado ya cuatro veces y dos de ellas han sido revocadas por la Sala de lo Contencioso (del Supremo) por problemas de caducidad». Un comentario impropio de su cargo y que daba pie a que don Elpidio le citara en su demanda de amparo.

Algo debe fallar cuando se les acumula tanto trabajo y cuando tanto juez les pide amparo

Y si este asunto va a seguir trayendo cola, al CGPJ se le abre otro conflicto, el de la juez militar, al que antes aludía, que puede ser aún más polémico y, si se me permite, más tristemente escandaloso según se vayan conociendo los detalles. En la petición de amparo de la juez, se explica que se personó en dos ocasiones al frente de una comisión judicial en la base aérea de Getafe con una orden de entrada y registro que afectaba al acuartelamiento de la agrupación y a la Sección Económica Administrativa (SEA).

Aunque había avisado de su llegada a través del asesor jurídico del Mando General del Aire, primero se le impidió el acceso y luego, se le conminó por parte del coronel para que le revelase sus propósitos y que dicho coronel la retuvo en un despacho, en contra de su voluntad, y no le permitió salir hasta que le dijo a dónde iba y qué buscaba. «Me sentí absolutamente vejada en mi condición de juez, persona y mujer», alega la instructora.

Pues bien, el resultado de todo lo que sabemos hasta ahora, aunque parezca mentira, es que la juez decidió denunciar al coronel por obstrucción a la Justicia pero el juzgado togado militar central optó por archivar la denuncia sin instrucción alguna. Por el contrario -según informa «El País»- la queja del coronel llegó al Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, quien consultó con el Asesor Jurídico General de Defensa, que la trasladó al Tribunal Militar Central, pero esta vez, en lugar de archivar el asunto, se le abrió expediente disciplinario a ella, sin ninguna indagación previa.

Todo huele mal. Huele mal porque lo que se investiga es un presunto caso de corrupción; huele mal porque se archiva una queja sin más y se da crédito a la contraria; y huele mal porque huele a algo que creíamos desterrado -y seguramente lo está- y que no voy a calificar por ahora. Pero no resulta tranquilizador que una juez afirme algo tan serio como que se sintió «absolutamente vejada» no sólo en su condición de juez, sino «como persona y mujer». Un asunto muy feo y en el que sería urgente que se pronunciara no sólo el CGPJ sino el propio ministerio de Defensa. Este tipo de cosas son demasiado serias como para dejarlas pasar sin más.

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Andrés Aberasturi

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