La sentencia del Tribunal Constitucional portugués reabre el debate sobre la legitimidad, y la legalidad, por supuesto, de determinadas exigencias de Bruselas acordadas por los gobiernos para cumplir objetivos de déficit marcados desde allí.
Estas exigencias han incluido revisiones salariales a los funcionarios públicos en forma de supresión de pagas extraordinarias y de otras medidas concretas, ahora denunciadas por el órgano máximo de la interpretación legal. Medidas muy parecidas, por cierto, a las que se han adoptado en España.
Crisis constitucional en Portugal
Desde el Gobierno de Zapatero y con éste también, se ha colocado la carga de la crisis sobre la espalda del contribuyente y el empleado público. No conocemos, aún, el contenido de las listas de los amnistiados fiscales, pero sí sabemos que muchos de ellos son presuntos delincuentes beneficiados de su paso por la política: nada que ver no con un maestro, un bombero, un enfermero, un policía, un militar desplegado en Afganistán, todos ellos servidores públicos que han visto reducido su salario para hacer frente a la crisis financiera.
Hace unos meses se planteaba el debate del crecimiento, la flexibilización de los rigores del déficit, una consolidación fiscal en un plazo que no ahogara expectativas de desarrollo, etc. Todo ha quedado en nada. Una vez ha bajado la prima de riesgo del país, se ha agotado el interés por experimentar nuevas posibilidades.
Ahora, Rajoy anuncia que el año que viene será el año del cambio. No se sostiene sobre datos ni sobre análisis conocidos. Por el contrario, el empleo sigue sin anunciar su recuperación y no se prevén medidas para estimular el crédito. Al tiempo, Montoro dice que se acabaron las medidas de calado porque ya están tomadas las que eran necesarias. ¿Quiere decir eso que hay que sentarse a esperar?
El problema será cuando todos los recursos de constitucionalidad empiecen a ser despachados por el TC
Como si de un enfermo se tratara parece, en opinión del gobierno, que solo queda confiar en una recuperación progresiva, porque ya no hay más terapia que la del tiempo. Increíble.
El problema será cuando todos los recursos de constitucionalidad que se han presentado en España, incluidos los que cuestionan desde el PP las medidas del gobierno regional de Madrid, también del PP pero por libre, empiecen a ser despachados por el Constitucional, al modo portugués.
Passos Cohelo ha dicho que el Constitucional pone en riesgo al país. Igualmente increíble hasta dónde puede llegar el sentimiento de soberbia e impunidad de gobiernos incapaces de explorar soluciones que no pasen por presionar sobre el bolsillo de los sectores sociales que, bajo ningún concepto, han participado ni del carnaval de los excesos ni de las responsabilidad de la culpa de esta maldita crisis.
Esperemos que en España, ni PSOE ni PP nos vengan a decir que sus medidas de dudosa constitucionalidad las aprobaron por interés general. Sería el colmo. Por si acaso, siempre nos quedará Portugal.
Editorial Estrella