Los fiscales y los jueces, actúan en España… a su pesar. No hay más que comparar el actual «orgullo» de Rajoy con la hemeroteca y sus declaraciones sobre la «cacería» de la Gürtel, sobre la «persecución» del juez Garzón, sobre la «inocencia» de Bárcenas o sobre la intachable honestidad de Carlos Fabra, de Jaume Matas, de la ministra Ana Mato o de Francisco Camps.
«Propongo que los criterios de la Ley de Transparencia se apliquen también a los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales y, en general, a todas aquellas entidades que se financien, fundamentalmente a través de fondos públicos.»
A favor pero, ¿por qué parar en partidos, sindicatos y patronal? Siguiendo el argumento de Rajoy, ¿no debería estar sometido a esa misma transparencia otras organizaciones financiadas fundamentalmente a través de fondos públicos, como la Casa Real o la Iglesia católica?
«Propongo, además, un mayor control sobre los partidos, sobre sus cuentas y su gestión. Por eso, el Gobierno trasladará a este Parlamento un Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Una nueva norma que modificará algunas que ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, y que propondrá nuevas exigencias a los partidos y más instrumentos al Tribunal de Cuentas.»
El Tribunal de Cuentas, más que nuevos instrumentos, necesita una absoluta independencia del poder político. ¿Qué clase de «control» de los partidos podemos esperar de un organismo dirigido por los propios partidos? El Tribunal de Cuentas no es un juzgado: es una organización que está dirigida por doce consejeros nombrados por el Congreso y el Senado que suelen renovar mandatos hasta por más de 20 años en puestos muy bien pagados –si no molestan, claro–. En el consejo del Tribunal de Cuentas se sientan «independientes» como el hermano de José María Aznar o la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante.
(…) En la normativa se refuerza el papel del Tribunal de Cuentas con más medios para su labor de control, que se extenderá también a los ingresos y gastos de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos.
Fundaciones como Fundescam: esa fundación que el PP de Madrid usó para pagar a la Gürtel parte de los gastos de las campañas electorales de Esperanza Aguirre con «donativos» de conocidos filántropos, como el presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández o el expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán.
«También se fijarán reglas claras sobre el papel que pueden ejercer los responsables de la gestión económicas de los partidos políticos. Llevaremos a la Ley un doble control externo sobre sus funciones. Por un lado, con su deber formal de colaboración con el Tribunal de Cuentas y, por otro, con su obligación de comparecer anualmente ante el Parlamento para dar explicaciones sobre la forma en que se han gestionado los recursos de todos los partidos aquí representados.»
Esto ha sido lo más cerca que estuvo Mariano Rajoy de hablar de Luis Bárcenas en el debate del estado de la nación. Y está bien que los tesoreros del partido pasen por el Parlamento. No dudo de la capacidad de ninguno de ellos para presentar «anualmente» un resumen de los ingresos y gastos de su contabilidad A; seguro que en esos papeles no aparece nada irregular. En cuanto al «deber formal de colaboración con el Tribunal de Cuenta», pues qué detalle. ¿Es que acaso ahora los tesoreros de los partidos no colaboran?
«El Gobierno presentará una Ley Orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas. Se trataría de un verdadero Estatuto del cargo público en el que deberán quedar tasadas, entre otras, las escalas de retribución»
¿Y bajó que escala retributiva se puede justificar que Mariano Rajoy ganase más de 200.000 euros anuales –llegaron a ser 240.000 euros en 2011– como líder de la oposición? En ese «estatuto del cargo público» ¿quedará vetado que los políticos puedan cobrar más de un sueldo y más de dos, como hace la cúpula del PP camuflando sus generosos sobresueldos de dietas y gastos de representación? ¿Permitirán acaso esas «escalas de retribución» que los salarios en el PP vuelvan a subir en plena crisis mientras bajan los sueldos del resto de los ciudadanos, como hizo Rajoy entre 2007 y 2011? ¿Estará regulado en ese «estatuto del cargo público» esos 200.000 euros al año que pagó el PP a Luis Bárcenas a cambio de no se sabe qué?
«Para que todos los que ejercemos la política respondamos sin distingo a las mismas obligaciones de transparencia…»
Tan transparente como el monitor de televisión desde el que Rajoy explicó a la prensa el caso Bárcenas.
«…Y tengamos claro las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades que tenemos que publicar y cómo tenemos que hacerlo. Con unos estándares que todos debemos cumplir».
Estoy de acuerdo, a ver si así María Dolores de Cospedal no se vuelve a olvidar de unos miles de euros por declarar. Y, por seguir, estaría aún mejor que esas declaraciones de bienes y actividades fuesen anuales –ahora se publican cada cuatro años, al constituirse y disolverse el Parlamento–, e incluyesen el detalle de todos los sueldos. También los del Congreso, que no se explican hoy. También los gastos de viajes de sus señorías, un secreto de Estado más oculto que los fondos del CNI.
Pero no se trata sólo de hacer públicas nuestras declaraciones. Propongo establecer un procedimiento de comprobación, a través de una auditoría, de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato, para que se pueda detectar cualquier incremento injustificado de patrimonio o rentas incompatibles con sus percepciones durante el tiempo en que han desempeñado cualquier cargo público.
De acuerdo también, pero ¿quién hará esta auditoría? ¿El «independiente» Tribunal de Cuentas? ¿Habría detectado una auditoría los 22 millones en Suiza de Luis Bárcenas?
«Creo que sería positivo incluir también la regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses (los llamados «lobbies»), con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites.»
Suerte con la reforma de los lobbies. No servirá de nada mientras sigan siendo perfectamente legales los donativos anónimos, que desde 2007 están vetados a los partidos pero siguen aceptados para sus fundaciones.
Propongo una reforma del Código Penal para endurecer las penas previstas para estos delitos. Traeremos también a la Cámara una Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procedimientos, para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, una forma de impunidad para el delincuente, o una condena pública sin sentencia, para quien no lo es ni lo ha sido nunca.
El problema no es endurecer las penas. La corrupción ya es delito en el Codigo Penal. Y para agilizar los procedimientos estaría muy bien que el PP predicase con el ejemplo y dejase de retrasar con sus recursos investigaciones como la Gürtel, donde están personados como «acusación particular» y llevan años torpedeando el proceso.
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Ignacio Escolar