Las fronteras y las cibermurallas llegan a Twitter. La red de microblogging se ha incendiado con su anuncio de que retirará tuiteos en cada país cuando las autoridades lo reclamen. Ya lo hacía, como todas las grandes compañías de internet. La diferencia es que Twitter quiere abrir oficinas en países como China. Para operar legalmente respetará la ley de cada país y silenciará esos tuiteos sólo en el país afectado y con notificaciones públicas que aumenten la transparencia. Twitter se rinde a las necesidades del negocio frente a las libertades universales.
Las empresas de internet son el mayor símbolo del capitalismo global, pero el negocio y el poder todavía tienen profundas raíces locales. El choque entre aspiraciones globales y realidades nacionales es constante. Las ciberguerras de Google con el gobierno chino son ya legendarias, igual que la docilidad de compañías como Yahoo o Microsoft con el campeón del capitalismo de estado bajo el abrigo de la bandera roja.
Hillary Clinton, secretaria de Estado norteamericana, se apresuró a lanzar en el año 2009 la Civil Society 2.0, una iniciativa para promover la libertad de expresión y opinión en internet. Una ciber reinvención de la maquinaria de propaganda democrática que durante años desplegó con la radio o el cine en todo el mundo.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado han querido equilibrar los intereses comerciales de sus grandes compañías con la defensa de las libertades. La Global Network Initiative es su principal instrumento, una alianza de grandes de internet, instituciones y ONGs para preservar los derechos y libertades garantizados en la Declaración Universal de Derechos Humanos frente a las presiones y amenazas de los gobiernos.
Twitter y Facebook nunca han formado parte de esa alianza. Quizá por eso se han sentido más libres de censurar las sátiras contra Mariano Rajoy, las protestas de colectivos gays contra la visita del Papa o al movimiento Democracia real ya.
Por eso la carta de Reporteros sin Fronteras a Twitter es pertinente para que reafirme su apoyo a los ciberdisidentes y aclare qué requerimientos y de qué autoridades serán necesarias para bloquear los tuiteos. Twitter no puede erigirse en campeón de la libertad de expresión en países poco rentables comercialmente y donde el apoyo a los disidentes, como en la Primavera Árabe, es popular, mientras se pliega a las órdenes no ya de gobiernos democráticos y con garantías legales. Sino también a la censura de países represivos, con legislaciones y autoridades que violan los derechos universales.
Por eso el realismo de la defensa de organizaciones como la Electronic Frontier Foundation o la candidez de algunos gurús que se desgañitan contra las leyes de propiedad intelectual pero no se ruborizan para plegarse como Twitter a autoridades dictatoriales o antidemocráticas no es suficiente. Quizá olvidan que la mayoría de los tuiteos retirados de la red obedecen a violaciones de copyright.
La transparencia no puede sustituir a la libertad ni a los derechos. Es una gran herramienta democrática y para denunciar y prevenir abusos, pero no es suficiente. La esencia de un servicio como Twitter es la comunicación. El ámbito de la libertad de expresión, información y opinión son las verdaderas fronteras de su valor. La confianza de los usuarios es su patrimonio y se debilita cuando la presión de los poderes se antepone a las libertades y el derecho de defensa de los usuarios.
Eliminar los tuiteos denunciados sólo dentro de las fronteras de la autoridad denunciante es una mejora, pero no resuelve la dialéctica entre derechos y libertades universales y restricciones nacionales. Ni siquiera cómo las multinacionales digitales utilizan las legislaciones nacionales o internacionales a su conveniencia.
La hondura del problema está en escoger entre el negocio o la confianza y la libertad. La secretaria Clinton lo dijo en su celebrado discurso de febrero de 2011 sobre las libertades en internet y la ciberdiplomacia global: “Para las empresas, las libertades son más que declaraciones de gran moralidad. Son la confianza entre las firmas y sus clientes. Y la censura no debe ser de ninguna forma aceptada por cualquier compañía de cualquier sitio”.
Los grandes de internet deben elegir entre defender la legalidad y los derechos globales o plegarse a legislaciones abusivas. Su dilema es también el de la gobernanza global y la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Periodistas, medios de comunicación, disidentes y ciudadanos de todo el mundo toman cada día esa decisión, con valentía y responsabilidad. Ninguna plataforma de comunicación e ideas es inmune, ni a las leyes ni a la ética de su negocio. Tampoco al impacto de sus decisiones en el espacio público y en el sistema nervioso de la globalización del que forman parte.
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Juan Varela