Solyndra está tratando de desbancar la capacidad de hacer que el estado parezca incompetente de su hermano mayor, el huracán Katrina. ¿Pero de quién es hija?
Desde que el fabricante de placas solares se declarara en quiebra hace unas semanas — dejando a deber al contribuyente 535.000.000 dólares en avales — la empresa otrora ojito derecho de la iniciativa de empleo verde del Presidente Obama se ha transformado en su lugar en la herramienta para que los Republicanos desacrediten casi todo lo que pretende hacer la administración.
El Senador de Utah Orrin Hatch se valía de Solyndra para despacharse contra las deducciones por formación de la plantilla de las empresas. El Senador de Carolina del Sur Jim DeMint lo aprovechaba para razonar que el estado debe mantenerse al margen de la investigación contra el autismo. Ayuda en caso de desastres naturales; el tratamiento del cáncer; no importa: Solyndra viene siendo la prueba en contra de todo.
Y esta semana, la administración se enfrentaba a la perspectiva del cierre porque los congresistas Republicanos añadieron un capítulo al anteproyecto de ley de gasto para llamar más la atención sobre – ¿lo adivina? — Solyndra.
«A causa de parte del horrible clima que hemos sufrido las últimas semanas, todos hemos accedido a sumar fondos de urgencia a este proyecto de ley que originalmente no incluía, y los Republicanos han identificado un par de recortes públicos», explicaba el líder de la oposición en el Senado Mitch McConnell, como «un recorte al programa de avales a largo plazo que produjo el escándalo Solyndra».
Lo que McConnell olvidaba mencionar es que Solyndra obtuvo licencia para participar en este programa a través de la administración del Presidente George W. Bush. Tampoco mencionó que la legislación que instituye el programa de préstamo con dinero público, aprobada por el Congreso bajo control Republicano de 2005, recibió votos positivos de — vaya sentándose — DeMint, Hatch y McConnell.
Esto no significa que Bush tenga la culpa de Solyndra ni que la administración Obama deba ser absuelta. Obama, cuya administración autorizó el aval a la empresa, merece las críticas que han vertido los Republicanos a cuenta de los más de 500 millones de dólares desperdiciados en la empresa.
Pero la paternidad Republicana del programa que alumbró Solyndra insinúa que hay que tener cierto escepticismo cuando muchos de esos mismos Republicanos utilizan a Solyndra como ejemplo de todo lo que no funciona en la administración pública Obama.
«Los avales pretenden estimular la inversión privada y la comercialización de tecnologías energéticas ecológicas para reducir la dependencia de nuestra nación de las fuentes de energía exteriores», anunciaba en una circular de prensa el secretario de energía de Bush, Sam Bodman, el 4 de octubre de 2007. La circular afirma que el Departamento de Energía había recibido 143 solicitudes de aval y había hecho una criba de 16 finalistas, incluyendo a Solyndra.
El Departamento de Energía de Bush ajustó al parecer sus reglas para asegurarse de que Solyndra se podía acoger a los avales. Originalmente no había contemplado incluir la fabricación de los paneles solares fotovoltaicos que fabricaba Solyndra, pero cambió el régimen de regulación antes de instituirlo. El único proyecto que salió beneficiado fue el presentado por la empresa Solyndra.
El programa de avales con dinero público a estas compañías de energías alternativas, a su vez, fue creado como parte de la Ley de Legislación Energética de 2005 — auspiciado por el congresista Republicano de Texas Joe Barton, uno de los líderes de la investigación legislativa abierta a los vínculos de Solyndra con la administración Obama.
Entre los de la mayoría Republicana partidarios del proyecto de ley estaba el congresista de Texas Louie Gohmert, que en un trío de discursos en el pleno de la Cámara los últimos días ha adoptado un enfoque muy diferente al de la legislación a la que dio su apoyo.
El 13 de septiembre invocaba «el fiasco de Solyndra» y afirmaba que estamos «dando prioridad a la clase de prácticas ecologistas del estilo de la arruinada España». El 15 septiembre denunciaba las nuevas propuestas laborales de Obama porque «los programas de empleo verde, como Solyndra, van a tener prioridad». El 23 de septiembre denunciaba: «Al parecer, 500 millones de dólares desperdiciados en tráfico de influencias no bastan. Hay más capítulos así en el llamado proyecto de empleo del presidente».
Apoyando también la legislación que instituye el programa de avales estaba el congresista Republicano de California David Dreier, que el 22 septiembre afirmaba en el pleno de la Cámara que los Republicanos retiraban 100 millones del programa de avales «para garantizar que no volvemos a cometer otro despilfarro como Solyndra».
Las denuncias se producían en la misma línea en el Senado, donde DeMint afirmaba que el caso Solyndra evidencia «los resultados imprevistos cuando nuestra administración decide quién recibe y quién no los recursos». Es una crítica válida, pero sería aún más válida si DeMint no hubiera dado su apoyo a la legislación de avales en el año 2005.
Pero eso era antes de la presidencia de Obama, y las opiniones allá por entonces eran distintas. Eran más del estilo de la circular de prensa del Departamento de Energía de Bush en marzo de 2008, anunciando que iba a financiar proyectos de investigación en tecnologías fotovoltaicas: «Estos proyectos forman parte integral de la Iniciativa América Solar del Presidente Bush, que pretende hacer rentable la energía solar con respecto a las formas convencionales de generar electricidad antes del año 2015».
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Dana Milbank