Ya sea por las presiones de su partido en Madrid o por la insostenibilidad de su cargo ante la disyuntiva de declararse culpable o sentarse en el banquillo, Francisco Camps –en eso tiene razón- ha hecho un gran servicio al PP. Se ha sacrificado, como no podía ser menos, para impedir cualquier mácula en el camino de Rajoy a La Moncloa. Una decisión tardía que, aunque le haya costado tomar, hay que reconocérsela y ponerla en valor. Realmente lo de menos es la cuantía de los trajes, lo verdaderamente importante han sido los cambios de versiones, las mentiras y sobre todo la idea transmitida de que los cabecillas de la Gürtel tenían acceso al poder y se beneficiaban de él por “cuatro perras” que les pudieron costar esas prebendas y con las que, a cambio, obtenían millones. Además en este asunto también ha contado una actuación judicial inicialmente favorable a Camps y finalmente rígida con él, como probablemente se merecía por su papel en este asunto.
Todo esto contrasta con la lentitud que la justicia está teniendo en Madrid donde todo son cortapisas para la celeridad que debería tener la instrucción del sumario. La envergadura del caso es tal que los cabecillas de la Gürtel, lo mismo te cortaban un traje, te organizaban la visita del PP o hacían de intermediarios en operaciones urbanísticas en Arganda del Rey. En la ya famosa parcela 124, donde a pesar de los informes desfavorables y de las reticencias de Génova para que se autorizara la adjudicación a Martinsa, la Comunidad de Madrid dio finalmente el visto bueno. Según contó Público en su día “era (Ignacio) González y no otro, quien le había dado instrucciones (al alcalde Gines López) sobre cómo adjudicar esa parcela”. Curiosamente esta información le costó al periodista Ignacio Escolar, colaborador de Estrella Digital, una demanda del número dos de Esperanza Aguirre por la que pretendía cobrar 600.000 € de indemnización en virtud de una supuesta “campaña de desprestigio” llevada a cabo contra él. La juez que llevó el caso no solo absolvió a Escolar, sino que hizo que González pagara las costas del juicio y el abogado, pues pretendía que saliera de las arcas de la Comunidad de Madrid.
Lo curioso de todo este asunto es que ni Ignacio González, ni Luis Bárcenas –por entonces tesorero del PP- y que según esas informaciones avisó a Rajoy delante de Esperanza Aguirre de lo turbio de esa operación urbanística, hayan sido citados a declarar. ¿Acaso no tendrían cosas que contar?
Claro que el juez tampoco ha llamado a otras personas que aparecen en el sumario relacionadas con cuentas de la Gürtel en el extranjero, alguna de ellas con un puesto muy importante en una empresa del sector…
Alfonso García