Una revuelta contra el lugar de los compromisos en política cobra fuerza entre los Republicanos.
Primero, el Senador Tom Coburn anunciaba su divorcio de una sección del Compromiso de Protección del Contribuyente. Después los candidatos Mitt Romney y Herman Cain rechazaban elementos del Compromiso de Liderazgo Presidencial Antiabortista del colectivo Susan B. Anthony List, que Romney considera «demasiado genérico». Ahora Romney, Cain, Newt Gingrich y Tim Pawlenty se han negado a contraer la promesa de 14 puntos de la iniciativa The Family Leader en Iowa – una lista exhaustiva de compromisos legislativos social conservadores que incluye el compromiso personal con la fidelidad conyugal.
Estos desacuerdos han dado lugar a algunos de los momentos más entretenidos de la campaña política. Coburn, uno de los conservadores originales del movimiento fiscal, lidera la carga contra la rigidez política. Gingrich es valientemente contrario a la prueba de fuego de la fidelidad. Romney defiende con resolución su derecho a la flexibilidad ideológica.
Pero las promesas legislativas – dependiendo de su contenido y su motivación – pueden tener graves repercusiones sobre la administración pública.
No tiene nada de malo que colectivos de activismo político presionen a los políticos en materia de concreción en un cuestionario lo que viene a ser otra forma de decir que la libertad de asociación y el activismo ciudadano no tienen nada de malo. Tratar de pedir cuentas a los candidatos presidenciales puede surtir el efecto de ampliar el debate legislativo. Los candidatos prefieren naturalmente trasladar las tres o cuatro cuestiones que a ellos les parece que pueden suponer su ventaja política inmediata. Pero también importa lo que piense un presidente potencial en materia de financiación de la investigación del cáncer, o el genocidio armenio, o la Ley de Defensa del Matrimonio, o el futuro del programa espacial. Estos «intereses especiales» también resultan ser por casualidad cuestiones de interés público.
Aun así, la proliferación de compromisos se puede achacar a una motivación diferente. «Hay una confianza progresivamente menor en que se pueda confiar en los funcionarios públicos, que vayan a cumplir su palabra», me dice el ex gobernador de Florida Jeb Bush. «Nada acaba de funcionar del todo ahora mismo. De forma que la gente inventa medios extraconstitucionales para superar la disfunción».
El mecanismo de iniciativa y referendo es una manifestación de esta desconfianza un método de circunvalar por completo a la clase política. Otro es la tentativa de poner límites a los políticos mediante juramentos solemnes. Entre los activistas conservadores sobre todo, el deseo de obligar a los políticos constituye a menudo la prueba de desprecio hacia los políticos. Sólo un contrato hermético y por escrito podrá impedir al futuro presidente la traición ideológica. Secuestrar a su perro también podría ayudar. La interacción con el candidato se sustenta en la identificación de objetivos comunes, no en el supuesto de la traición.
Este tono ha empezado a chirriar, entre las filas Republicanas al menos. Grover Norquist, autor del Compromiso de Protección del Contribuyente, respondió por alusiones a la herejía de Coburn diciendo que «llegó a la administración a base de mentir» y que había «mentido» a la ciudadanía de su estado. Hasta el funcionario público más enérgicamente contrario a la implantación de impuestos nuevos tiene que acusar recibir el trato propio de filial propiedad de Norquist S.A. La mayoría de los políticos aceptan la censura. Menos aceptan la correa.
Se dice que tal despotismo es imprescindible porque los funcionarios públicos son débiles, volubles y tienden a sucumbir a la presión del grupo. Paradójicamente, la sumisión ciega a tales tácticas no hace sino reforzar el estereotipo. Algo de oposición y un poco de indignación ofendida da prueba de una tónica no desvitalizada del todo por la búsqueda de aprobación política.
La imposición de los juramentos ajenos a la Constitución también da por sentada la validez de cierta teoría de la representación el
convencimiento de que los políticos son simples mecanismos de expresión del sentir de la opinión pública. Son, según esta opinión, ordenadores que vienen preprogramados para obtener los resultados deseados. Cuando a Edmund Burke le plantearon un argumento parecido, convino en que las opiniones de los electores «tendrían que tener gran peso» en un representante. «Pero su opinión imparcial», continuaba Burke, «su juicio maduro, su conciencia ilustrada, él no tiene que sacrificarse a usted, a ningún caballero, ni a ningún grupo de caballeros». Este ejercicio de juicio, según él, no es consistente con «las instrucciones de la autoridad; las obligaciones promulgadas, a las que el representante queda incondicional e implícitamente vinculado, a votar y a defender, aunque sean contrarias a la convicción más clara de su juicio y su conciencia».
Jeb Bush expresa esta idea de otra forma: «Nunca subí los impuestos. Soy contrario al aborto. Pero no recuerdo haber contraído ninguno de esos compromisos. Las creencias no se ocultan. A la gente se la persuade. Se gana o se pierde. Y si se gana, no se está en deuda con nadie ni con nada que no sean las creencias de uno».
Los funcionarios públicos rinden cuentas a la opinión pública a través de las elecciones pero son los responsables ante la Constitución y sus convicciones. Mientras que las opiniones legislativas del presidente estadounidense importan enormemente, su juicio maduro y conciencia ilustrada importan más.
Michael Gerson