Es fácil enredarse en la última declaración política o mediática, por banal que fuera, mientras discurren a nuestro alrededor fallos que revelan la siempre difícil condición humana y la decepcionante falta de reflejos de nuestro sistema, y no los vemos. ¿Qué puede decirse de la nula responsabilidad de un Centro educativo donde se produjo un acoso sistemático a un adolescente, que le dañó hasta el punto de causarse él mismo la muerte? ¿Dónde queda la tutela?
La sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJPV recoge en su argumentación fundamental lo dictado en 2005 por la Audiencia de San Sebastián, que declaró probada la vejación y agresión “en múltiples ocasiones” al menor Jokin, de 14 años, por parte de “sus compañeros de clase y cuadrilla de amigos” pero aduce que el Instituto de Hondarribia (Guipúzcoa) donde se produjeron los hechos “actuó con diligencia”. Sostiene que “los problemas” que sufría Jokin (humillaciones reiteradas, boicot y palizas por parte del grupo) no se producían “sólo” en el Colegio “sino también fuera de él”. La familia ha hecho pública su disconformidad aunque acepta la “verdad jurídica” y renuncia a recurrir. El fallo acepta no obstante que los progenitores de los acosadores “sean condenados civilmente” y les impone una indemnización “prudencial” a favor de los padres del menor.
Si las autoridades del centro actuaron “con diligencia” como dice la Sala, nada resuelve sobre la responsabilidad de la institución que debe velar –está obligado a ello- por la integridad física y moral de los escolares. Seis años largos después del trágico final del escolar, su soledad ante la muralla que se levantó frente a él nos concierne a todos.
“¿Dónde miraban los profesores mientras Jokin sufría, delante de sus ojos? ¿Qué hace el Estado con nuestros hijos, en sus escuelas, cuando se los confiamos? ¿Qué clase de mundo estamos construyendo que hace de niños de 14 años torturadores sistemáticos y sin escrúpulos?”, escribía un familiar en una carta al director de un periódico, días después de la tragedia.
No debiera tranquilizar al Colegio, ni a la Consejería de Educación, la exoneración de responsabilidades por parte del Tribunal. Bien al contrario, una sanción, por simbólica que fuera, hubiera situado el asunto en su justo término, ante la gravedad de una indefensión tan manifiesta. Librados de la responsabilidad, nadie puede redimirles (tampoco a los gestores políticos ni a una sociedad ensimismada) del fracaso compartido. El que supuso que un chiquillo prefiriera un final que volver a su Colegio.
Chelo Aparicio