La discusión de la ley Sinde no se desvanecerá en vano. El gobierno está dispuesto a arreglar el entuerto y a pactar con los grupos del Congreso la reclamada revisión de la propiedad intelectual y los derechos de autor. La propuesta incluirá la reforma de las sociedades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual para acabar con el monopolio y las prácticas de SGAE, Cedro, Aisge, Agedi y el resto de entidades denunciadas como monopolísticas por la Comisión Nacional de la Competencia en 2010.
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y José Enrique Serrano, mano derecha del presidente Zapatero en Moncloa, son los responsables de una nueva estrategia después del batacazo de la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES) en el Congreso.
El gobierno intentará ahora combinar las posturas de los consumidores y de la industria de contenidos sin volver a plantear iniciativas en solitario, y sin suficiente debate político y social. En el gobierno y en el PSOE se reconoce el malestar con la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, o con las últimas decisiones de la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. En ambos casos, la falta de debate político y con las partes ha acabado en derrotas parlamentarias con un alto coste de imagen o con la necesidad de dar marcha atrás en temas como el Consejo Audiovisual y ciertos aspectos de la Ley Audiovisual que tendrán que ser reformados a través de disposiciones en la LES y en el desarrollo reglamentario.
Fuentes gubernamentales indican que se buscará el apoyo parlamentario y de los afectados para avanzar en las reformas de la propiedad intelectual y de la industria audiovisual, de los contenidos, el entretenimiento y la editorial. El ejemplo es el Plan de Contenidos Digitales negociado y comprometido por el Ministerio de Industria ante el sector.
Las guías principales para las nuevas propuestas del gobierno serán la Agenda Digital de la Comisión Europea, las recomendaciones de las comisiones de Cultura y de Industria del Congreso de los Diputados, realizadas a lo largo del año pasado, y las ideas surgidas en la discusión de la ley Sinde.
La reforma del canon es urgente tras la sentencia europea que limita su cobro a los particulares. Competencia denunció a principios de 2010 el monopolio de las sociedades de gestión, sus barreras a la creación y desarrollo de nuevos negocios y la fijación de tarifas abusivas, un reclamo continuo de sectores como el de la televisión y los nuevos negocios de contenidos online, descontentos con los precios y condiciones que fijan las sociedades de derechos de autor. Y un clamor entre los internautas y las asociaciones defensoras de la cultura libre.
La vuelta de la actividad parlamentaria tras las vacaciones de Navidad y Año Nuevo será el momento en que se dará un nuevo impulso a la busca de acuerdos con la oposición desde el ejecutivo de Zapatero. Algunas de las reformas que se propondrán han sido reclamadas desde la discusión de la Ley de Propiedad Intelectual en 2006 por el PP, PNV o CiU. El gobierno espera también llegar a un acuerdo con los partidos de izquierda y contar con el empuje de la Comisión Europea, partidaria de un mercado único de contenidos y de la gestión de derechos, y el soporte de las comisiones del Mercado de las Telecomunicaciones y de la Competencia.
Juan Varela