A mi juicio resulta exagerada la reacción generada por la filtración masiva (en los dos sentidos que la palabra tiene en español y que en inglés se corresponderían con leak y con screen) de documentos a través de la web patrocinada por el etéreo Assange. Si nos paramos a pensar, en España hay pocas cosas peor guardadas que un secreto. Y si ya hablamos de aquellas materias en las que el sigilo viene impuesto por obligación legal, la publicidad inmediata es la regla general. Empezando por las deliberaciones del Consejo de Ministros, de las cuales sus miembros están obligados a guardar secreto pero de las que tenemos con frecuencia información precisa y detallada ya que, como me decía un exministro “una cosa es la obligación de guardar secreto y otra es no poder contárselo a nadie”. A continuación está la tramitación de las causas judiciales, que también tienen por ley carácter reservado, pero de las que tenemos puntual y cabal conocimiento (incluso aunque se haya decretado el secreto del sumario), particularmente en lo tocante a las deliberaciones de los tribunales y a qué jueces y magistrados se alinean en cada bando, lo cual suele aparecer reflejado en vistosos gráficos que esquematizan figuras alrededor de una mesa. En la misma línea debemos recordar el secreto profesional de los abogados, que no impide que algunos de mis colegas se paseen por los platós de televisión mientras que otros filtran volúmenes de información a la prensa que dejan al héroe australiano al nivel de un mero principiante. Incluso de las discusiones en los cónclaves para la elección del Papa solemos tener cumplida noticia…
Lo más curioso es que muchos de estos secretos rotos se amparan en otro en cambio muy bien guardado, que es el sigilo que los periodistas deben a sus fuentes de información y que está debidamente protegido por la Constitución y por las leyes. Este secreto, que es una variante sofisticada del “vale yo te lo cuento pero si te preguntan tú conmigo no has hablado” tiene una importancia vital a la hora de garantizar la verdadera libertad de información, sin la cual un sistema democrático es inexistente. Pero la administración de esta excepcional institución, de este secreto de las fuentes que ampara la difusión de informaciones obtenidas violando otras obligaciones de sigilo y confidencialidad, exige un altísimo nivel de responsabilidad por parte de quienes se dedican a la labor periodística. En este sentido me ha sorprendido, y vuelvo al principio, el modo en el que se han producido y han sido acogidas las filtraciones de 250.000 documentos del servicio exterior de los Estados Unidos. Con carácter previo, llama la atención que el altruista interés de difusión del Sr. Assange se canalice a través de una serie reducida de medios de comunicación (no de todos ellos) y que dichos medios, sobre todo en España, nos indiquen que ellos administrarán tal documentación en bruto y mantendrán como reservada aquella que perjudique a los intereses nacionales. Por otro lado sorprende enormemente que la inmensa mayoría de los documentos que han generado mayor interés sean puros chismes y chascarrillos que despiertan muchos más sonrojos que conciencias. Pero incluso los documentos que se han presentado como evidencias novedosas no aportan nada que no se pueda colegir interpretando razonable y razonadamente la información disponible antes de la llegada del arcángel Assange. No hace falta leer los cables de la embajada para saber que el gobierno de España ha venido haciendo todo tipo de esfuerzos, confesables e inconfesables, para intentar restablecer la cordialidad en unas relaciones trasatlánticas profundamente dañadas, no sólo por la estupidez que adhirió las posaderas de ZP a su asiento al paso de las barras y estrellas, sino básicamente por la profunda irresponsabilidad de un movimiento de tropas que puso en peligro a los soldados de países aliados. No es necesario ver ningún papel para saber que se hacen los esfuerzos que haga falta, desde Couso hasta Guantánamo (¡Ay Conde Pumpido, qué peligrosas son las metáforas!) para congraciarnos con el enemigo que ahora es amigo. Por lo tanto el único interés de tales filtraciones filtradas, además de constatar lo obvio, es intentar desviar la atención sobre las responsabilidades últimas de tales obviedades, señalando a fiscales y funcionarios diplomáticos, en vez de a responsables políticos.
Insisto, en el mundo en el que vivimos, existen toneladas de gigas de información, pública, gratuita y de fuente directamente identificable, de las que podemos obtener la mayoría de las certezas que precisamos. Si no me creen, les propongo un ejercicio. Sin necesidad de tener acceso a ninguna grabación ni nota privada, traten de recomponer qué ocurrió entre el miércoles 1 y el viernes 3 de diciembre. Analicen ausencias, presencias, protagonismos, segundos planos… Consulten los arts. 116 y 117 de la Constitución, La ley Orgánica 4/1981, la Ley 50/1969 y la Ley 17/1999. Piensen en qué puede y qué no puede improvisarse en determinados intervalos de tiempo. Y tengan en cuenta que, aunque lo parezca, Alfredo Pérez Rubalcaba no es Ministro de Fomento…
Sólo desde una mentalidad trasnochada se puede seguir pensando que la información verdaderamente útil es únicamente la que se obtiene de forma truculenta. Y es que cada vez con más frecuencia, de los secretos rotos, sólo salen mentiras a media voz.
Juan Carlos Olarra