Que el acuerdo entre patronal y sindicatos acerca de la reforma laboral era una cuestión complicada ni era ni es hoy, en el sprint final de la negociación (quizá de su fracaso), una novedad. Las dos partes sentadas a la mesa, sin embargo, hacían manifestaciones sobre los avances y subrayaban, a pesar de las dificultades, su optimismo. Ahora todo se torna casi imposible y el Gobierno, retornando lentamente de la inconsciencia -aún está dispuesto a alargar el plazo- a la conciencia, anuncia que, de no llegarse a un acuerdo, establecerá la reforma por decreto antes del final del mes que hoy comienza.
Ampliar el plazo es ya un riesgo porque la reforma es urgente, lo era hace tiempo, no tanto por las exigencias europeas o del FMI, sino porque lo necesita la economía española. No hay a estas alturas, ni en el sindicato más beligerante, quien pueda negar seriamente que nuestro sistema laboral padece rigideces que dificultan el crecimiento y nos hace perder competitividad. La conveniencia del acuerdo se está convirtiendo en una traba y el Gobierno, dada la gravedad de la situación, no puede quedarse encallado en ella ni un momento.
En estos últimos días hemos sabido que los empresarios, que ya tuvieron que tragar quina en el anterior acuerdo sobre negociación colectiva y salarios, habían dejado aparcada la que se consideraba su principal reivindicación: la bajada de las cotizaciones empresariales. Un buen gesto, se dijo, para facilitar las cosas. Pero hemos sabido también que los sindicatos consideran que esas cosas han cambiado, para peor, con el decreto de recorte del gasto, hasta el punto de que las rigideces antes diagnosticadas pasan, al parecer, a convertirse en “derechos” de los trabajadores. Todo empantanado, por tanto, por la curiosa mezcla de negar el diagnóstico previo, utilizar la negociación como amenaza, pedir una implicación del Gobierno que antes se rechazaba, recelar de lo que éste pueda hacer a continuación y condenar, en beneficio de los favorecidos por el mercado laboral, a los que no pueden acceder a él.
La paradójica resistencia de los sindicatos a las reformas, a cualquier reforma demandada por la realidad, debería tener en España un monumento, hasta el punto de que el acuerdo que se presenta como posible es, simplemente, un pacto menor y descafeinado. Como si se tratara de cubrir el expediente y no de poner bases nuevas y eficaces para el crecimiento económico. Si los sindicatos pueden permitírselo, el país no.
Germán Yanke