Asoma el fin de la impunidad para los que imponen su ley violenta en la universidad, e impiden el libre discurrir de ideas en el recinto académico.
Dice el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, víctima reciente de los zarandeos e insultos de una docena de universitarios que irrumpieron con violencia en un acto, bajo el pretexto de la problemática situación de sus Colegios Mayores, que los hechos son muy graves; que los autores serán expedientados, y que existe también la posibilidad de expulsarlos de la Universidad, aunque «las decisiones hay que tomarlas en calma». Es un buen criterio.
Alguna vez tendria que llegar la sanción para quien infringe el normal desarrollo universitario. Pero hubiera sido deseable que el cúmulo de voces que ahora se han alzado se hubieran oído ya antes, como consecuencia de las últimas agresiones a Rosa Díez, en la Universidad Autónoma de Barcelona, al ex presidente Aznar, en la Universidad de Oviedo, o a María San Gil en la de Santiago de Compostela, hace dos años. Por no mencionar a tantos otros intelectuales repudiados por los ultras políticos en las universidades españolas.
En la última década se sucedido situaciones delictivas: agresiones, insultos, amenazas, cuando no la suspensión de convocatorias de actos en los que estaba prevista la participación de personalidades relevantes, por la cobardía de las autoridades universitarias para evitar los altercados. Es decir, para no molestar a los ultras de diverso pelaje. Nadie abrió un expediente universitario en toda regla a los agresores, y las diligencias judiciales se difuminaron con el tiempo. Casos en los que ni siquiera se dieron reclamaciones como la queja por un colegio en mal estado o unas becas no cobradas. Simplemente se impidió hablar al conferenciante porque sus ideas políticas no encajaban con el delirio totalitario de los agresores. Y lo hicieron revestidos de una cierta legitimidad por una tolerancia ambiental.
Se ha abusado del concepto de «libertad de expresión» que en nada tiene que ver con el asalto o el boicot. La sanción era de justicia. Pero es preciso que sea proporcionada, y no reforzada por la impunidad permitida. Sobran las preguntas maliciosas sobre la condición de pijos o conservadores porque reclamen el esquema de Colegios segregados, es decir, no mixtos, y mejoras en las instalaciones (nunca antes nos preguntamos si se reconocían marxistas o estalinistas, o qué). Tampoco interesa el detalle de las rentas bajas por las que fueron seleccionados.
La agresión a la máxima autoridad académica de la Universidad Complutense no es mayor ni menor que las precedentes. Es la misma. Y tan injusta es la falta de sanción para los propios agresores, es decir, la ausencia de límites, como que se les envíe a la hoguera. Porque además de revelar nuestra propia falsedad se estaría cometiendo una arbitrariedad.
Chelo Aparicio