Miguel Delibes nos ofrecía su reflexión sobre el verdadero sentido del progresismo, en el año 1986 (reeditado este domingo en la Tercera de ABC), al abordar entonces la defensa del aborto libre (despenalizado en la Ley Orgánica 9/1985) como la contradicción con su propio concepto de progresismo, de defensa del débil contra la agresión social. «Si el progresismo no es defender la vida, la más pequeña y menesterosa -decía-, y precisamente en la era de los anticonceptivos, ¿qué pinto yo aquí?». Remataba después Delibes que «la náusea se produce igualmente ante una explosión atómica, una cámara de gas o un quirófano esterilizado».
La duda razonable sobre los grandes conceptos, ideologías o religiones abre al ser humano la puerta a otras reflexiones y modera los fanatismos. La de Delibes era una sincera valoración personal sobre un debate que aún concita las más profundas dudas entre partidarios y defensores. Apuntaba entonces a la falla progresista en el abandono en la defensa de la vida del feto. Por supuesto aclaró que no hablaba de asesinato: no quería confundir las palabras.
Ese progresismo fue la aureola que exhibía Felipe González a lo largo de sus trece años y medio como presidente del Gobierno de España. Un progresismo por el que no renunció a las esencias socialistas pero en el que no vaciló en renunciar a los mitos izquierdistas en pro del consenso, como los del marxismo, u otros relacionados con la compleja reconciliación tras la Guerra Civil. No quería ofender.
Ahora lo ha hecho. Ha renunciado a la contención propia de un ex presidente en una materia clave: la defensa de la separación de poderes en la democracia. «Un ‘ganao'», es lo que para González hay en los máximos órganos judiciales. Qué triste final.
Algo hizo su Gobierno en la politización de los máximos organos judiciales, cuya estela continuaron después los gobiernos del PP. Derogó la Ley Orgánica 1/80 del Consejo General del Poder Judicial aprobada en tiempos de UCD, e introdujo un cambio sustancial en los criterios de elección del Consejo: de ser elegidos 12 de sus 20 miembros por jueces y magistrados, pasaron a nombrarse en dos mitades por el Congreso y el Senado, lo que dejaba la mayoría del máximo órgano de gobierno de los jueces -indirectamente- en manos del poder político.
Decía después con cierta sorna Felipe González en el acto político de su partido en Sevilla que pensaron entonces que iba a ser más difícil la reforma de los militares que la de los jueces, y el tiempo lo ha demostrado como una equivocación. Ha olvidado que los militares sí están sometidos al poder político. La Justicia, sólo a las leyes que dicta el poder político. Otro principio de la democracia aparece así cuestionado por el ex presidente: la separación de poderes que, desde Montesquieu, es la estructura de todo Estado de Derecho. La inquina hace evocar su comparecencia como testigo en el juicio contra la cúpula de Interior de sus Gobiernos por el secuestro de Segundo Marey. Quizá de aquellas comparecencias vengan estos desprecios.
Tendremos la Justicia en la que creamos como país. Si la marea deslegitimadora no es contenida por los valores democráticos, romperemos la baraja. A duras penas pudo defenderse en días pasados el juez Requero, del CGPJ, ante las acusaciones contra el Supremo en el ‘caso Garzón’, en un programa de la televisión pública TVE.
Claro está que los mismos periodistas habían entrevistado antes a José Blanco, el «Ronaldo» del Gobierno, según algunos de los dulces encuestadores. Blanco, que juega con maestría su doble función de azote del PP y bálsamo institucional, se permitió decir a un crítico periodista: «Si hay un ejemplo de demagogia, ése es usted». Nadie se sintió impelido a denunciar el abuso del poder político. Sólo la Justicia está sometida al juicio.
Chelo Aparicio