El estrenado Consejo General del Poder Judicial, presidido por un hombre bueno sin tinte partidista como es el juez Dívar, transita por el campo de minas del gobierno de los jueces intentado alcanzar normalidad y perfil bajo, el que debería tener la justicia y del que ha carecido durante demasiados años.
La sanción al juez Tirado, así como el procesamiento del juez Calamita, actúan como combustible en las encendidas filas de varios centenares de jueces que quieren bronca, que han decidido que son como los demás ciudadanos, con derecho a la protesta, a la huelga y a poner (más aún) en vilo a los demás. Pero no está claro que los jueces sean como los demás, tienen un singular poder que les hace distintos y que debería conducirles por otro derrotero.
Los jueces agitadores mueven las aguas para movilizar una huelga en febrero, con la argumentación de la excesiva carga de trabajo y la falta de medios, pero con el trasfondo de perjudicar al Gobierno y escenificar un insoportable malestar.
El caso del juez Tirado, al que sus compañeros han decidido proteger y encubrir por espíritu de cuerpo, evoluciona de mal en peor. El consejo ha decidido parar el proceso asumiendo el coste de no sancionar, de hecho, al juez y mantenerle en sus funciones. Y los miembros del Consejo han decidido que esa decisión que muchos no comparten no debe dividirles hasta devolver la institución al frentismo del anterior Consejo.
El ministro de Justicia no comparte esa estrategia y ha declarado que impulsurá reformas legales para que esta situación no se repita, para que sus hermanos jueces respondan de sus errores. El Consejo debe estar más preocupado por retener a los jueces en los juzgados, sin alborotos ni salidas de tono, que por cualquier otra cosa, y por eso han optado por taparse la nariz y cerrar el ‘caso Tirado’ de mala manera.
Las amenazas de algunos jueces con mando en plaza, especialmente en algunas capitales andaluzas, en el sentido de que señalarán sólo la mitad de los juicios, son intolerables, revelan además del malestar una deficiente preparación y una vocación débil sobre la función judicial. Dicen que son sólo unos centenares sobre los 4.000 jueces en ejercicio, pero la naturaleza de su función exige que se aparten los insuficientemente equipados, algo que hoy no parece posible. El conflicto de los jueces, el ruido de togas, será inevitable. La situación tendrá que empeorar para que algún día mejore.
Fernando González Urbaneja