El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha manifestado su profunda preocupación, calificando de «extrema gravedad» la revelación por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de un comunicado, de datos concretos de unas diligencias de investigación. La revelación incluye fechas y contenidos de conversaciones y reuniones entre un abogado y la Fiscalía, lo cual representa una clara violación del secreto profesional que protege las comunicaciones entre letrados.
El Estatuto de la Abogacía, bajo el Real Decreto 135/2021, en su artículo 22, establece de manera incondicional el deber y el derecho de los abogados a guardar secreto sobre todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión. Este principio es fundamental para asegurar la confianza entre el cliente y su defensor, y para la protección de los derechos de los defendidos.
Además, se hace referencia al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que en su artículo 4,5º, pone límites a la obligación de informar por parte de los fiscales, resaltando la importancia del respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción que son inherentes a su cargo, así como a los derechos de los implicados.
El ICAM tomará serias medidas
El ICAM argumenta que la divulgación de información relacionada con las estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad previamente establecido, constituye una vulneración de estos principios esenciales de confidencialidad, confianza, y buena fe, amenazando la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal.
Como guardián del derecho de defensa y representante de sus colegiados, el ICAM ha anunciado que tomará todas las medidas necesarias para defender estos principios fundamentales. Se someterán a consideración en la próxima Junta de Gobierno, como punto extraordinario de la agenda, las acciones pertinentes para asegurar el respeto de estos principios en todos los ámbitos de la práctica profesional.
La Junta de Gobierno del ICAM, convocada por la Comisión Ejecutiva para este próximo lunes, se compromete a examinar detalladamente estos hechos y a tomar medidas que garanticen la práctica del derecho de defensa y el mantenimiento del secreto profesional, pilares básicos del derecho a la tutela judicial efectiva y del Estado de Derecho en nuestro país.