Este viernes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por Laura Borràs. Este rechazo confirma la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de anular su credencial como diputada del Parlamento de Cataluña. La decisión del Supremo sigue la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 29 de marzo de 2023, que condenó a Borràs por diversos delitos, incluyendo prevaricación administrativa y falsedad documental.
El Tribunal Supremo ha desestimado todos los argumentos presentados por Borràs en su recurso. La corte señaló que las penas impuestas a Borràs, como criminalmente responsable de los delitos mencionados, implican la aplicación del artículo 6.2.b) y 4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Esta legislación establece que ciertas condenas penales son incompatibles con el mantenimiento de cargos representativos.
En su sentencia, el Supremo enfatiza la importancia de la confianza pública en los gestores de las instituciones públicas. La corte cita la sentencia del Tribunal Constitucional 151/1999, que subraya la necesidad de ejemplaridad social en quienes ejercen funciones públicas, especialmente en aquellos en cargos representativos.
Borràs fue sentenciada a 9 años de inhabilitación especial para cargos públicos electivos, además de una pena de prisión de 4 años y 6 meses por delitos de falsedad documental. La corte subraya que la inhabilitación sobrevenida se aplica como un caso de incompatibilidad, lo que impide a Borràs continuar ejerciendo su cargo electivo.
El fallo también aclara que no es necesaria la intervención del parlamento autonómico ni la previsión en su reglamento para la pérdida de la condición de diputado por inelegibilidad sobrevenida. En caso de pasividad por parte de la cámara, la Administración electoral puede actuar directamente aplicando la LOREG.
Este veredicto refuerza la postura del sistema judicial español sobre la incompatibilidad de mantener cargos públicos representativos tras condenas penales, subrayando el compromiso con la integridad y la responsabilidad en la gestión pública.