La ex presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha presentado un recurso contra su condena de prevaricación administrativa por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En el escrito de defensa, se ha interpuesto un recurso de casación contra la sentencia del 29 de marzo de este año por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). En el recurso, se pide que se dicte una nueva sentencia absolviendo a Borràs de los delitos por los cuales viene inicialmente condenada.
El TSJC condenó a Borràs a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental, aunque propusieron un indulto parcial que rebajara la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en prisión. La defensa de Borràs ha denunciado la interpretación extensiva que se ha llevado a cabo con relación a la competencia del TSJC para enjuiciar y ha asegurado que no se ha tenido en cuenta que fue suspendida de su cargo como presidenta del Parlament de Catalunya tras la apertura de juicio oral.
Recurso por falta de imparcialidad del presidente de la Sala del juicio
La defensa ha señalado la falta de imparcialidad del presidente de la Sala del juicio, argumentando que supone un claro antagonista del posicionamiento político de la Presidenta y eso, sin duda, debió haber sido suficiente para apartarse de la labor de enjuiciamiento. Otro motivo para presentar el recurso ha sido la indefensión material de Borràs causada por el hecho de que las defensas de los coacusados Isaías H. y Andreu P. compartieron una estrategia, información y confianza para llegar a un acuerdo con Fiscalía tres días antes del juicio e incriminar a Borràs.
La defensa ha sostenido que se invoca la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia y cuestiona la afirmación de que se han fraccionado contratos ilícitamente, ya que esta afirmación no se basa en ninguna prueba objetiva y se basa en testimonios muy interesados. Además, ha asegurado que se obtuvieron correos electrónicos sin autorización y que se rompió la cadena de custodia «en varios momentos» hasta que los documentos llegaron en sede judicial.
La defensa ha añadido que existe una vulneración del principio de legalidad en relación con el principio de proporcionalidad respecto a la pena impuesta, teniendo en consideración los hechos declarados probados, ya que cree que hay una desproporción de las penas impuestas. Finalmente, ha denunciado la investigación prospectiva a la que se ha sometido la acusada, «por su liderazgo político y su adscripción a la causa independentista, como es público y notorio», y añade que el 12 de abril de 2018 los Mossos concluyeron que no se detectó actividad delictiva, pero que siguieron investigando para buscar el delito.