En un golpe a la delincuencia organizada, la Guardia Civil en el marco de la operación INJINI, ha llevado a cabo la desarticulación de una red especializada en el tráfico ilegal de residuos peligrosos. Esta organización, que operaba principalmente desde un Centro Autorizado de Tratamiento de vehículos al final de su vida útil (CAT) en Madrid, ha sido sorprendida exportando ilegalmente motocicletas y ciclomotores catalogados como «residuos peligrosos» a varios países, incluyendo naciones africanas, Italia, Portugal y Polonia.
Modus operandi
La organización obtenía vehículos, principalmente motocicletas y ciclomotores, que habían sido dados de baja y considerados residuos peligrosos. En lugar de seguir el protocolo adecuado de descontaminación y venta por piezas, la red exportaba estos vehículos bajo el falso pretexto de ser artículos de segunda mano. Esta táctica les permitía eludir las restricciones sobre exportaciones de residuos peligrosos. Al comprar estos vehículos a precios reducidos y venderlos completos, maximizaban sus beneficios.
Implicaciones Laborales y Económicas
Además del daño medioambiental, la operación ha destapado prácticas laborales irregulares. Gran parte del personal de la empresa trabajaba sin contratos, recibiendo pagos en efectivo y sin la debida documentación. Paralelamente, la red evadió impuestos, acumulando beneficios sin declarar.
El beneficio derivado de estas prácticas ilícitas permitió a los cabecillas de la organización disfrutar de un estilo de vida lujoso, adquiriendo propiedades, vehículos de lujo y fondos de inversión. Se estima que los activos incautados ascienden a unos 5 millones de euros, ahora bajo jurisdicción legal.
Estructura y alcance de la organización
La estructura interna de la organización se divide en varios niveles. En la cima, dos administradores de la empresa supervisaban todas las operaciones ilícitas. Debajo de ellos, un equipo se encargaba de las operaciones administrativas y financieras, incluyendo la gestión de dos conjuntos de contabilidad: uno oficial y otro oculto para eludir impuestos. Un tercer nivel incluía a operarios encargados de alterar identificadores de los vehículos, mientras que otros participantes de la red gestionaban la logística y la provisión de motocicletas.
Esta operación no sólo ha sacado a la luz prácticas delictivas relacionadas con el medio ambiente y la evasión fiscal, sino también la explotación laboral y el blanqueo de capitales. En total, 25 individuos han sido detenidos y se están investigando a otras 5 entidades jurídicas. Los beneficios ilícitos registrados durante el periodo investigado superan el medio millón de euros.
La investigación, liderada por el Juzgado nº 6 de Valdemoro, ha contado con el apoyo de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente, la Subdirección General de Economía Circular del MITERD, y otras entidades nacionales e internacionales.
CATs: ¿Qué son y cuál es su función?
Los Centros Autorizados para el Tratamiento de vehículos al final de su vida útil (CATs) juegan un papel crucial en la protección del medio ambiente. Su misión es gestionar adecuadamente los residuos para minimizar los riesgos medioambientales. La operación INJINI destaca la importancia de supervisar y garantizar que estas instalaciones operen dentro de la legalidad.
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