El Gobierno tiene programado aprobar el martes 23 de abril en el Consejo de Ministros un plan de indemnización para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuyos casos han prescrito, según han confirmado fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Este es el listado de los 244 acusados de abusos en la Iglesia española
Esta medida responde a una de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien en octubre presentó un informe sobre abusos en la Iglesia, a solicitud del Congreso de los Diputados.
El plan propuesto por el Defensor del Pueblo sugiere la creación de un fondo estatal para compensar a las víctimas, así como establecer un órgano administrativo especial que supervise un proceso de reconocimiento y reparación de las víctimas de abuso sexual infantil en la Iglesia católica.
Entre otras recomendaciones, se plantea la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de desatención e inactividad, especialmente entre 1970 y 2020.
Aunque Gabilondo aún no ha presentado formalmente el plan ante el Parlamento, se espera que acuda a dar cuenta de su actividad en los años 2022 y 2023, lo que podría generar debate en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
Por su parte, la Iglesia ha anunciado que está preparando un plan que contempla indemnizaciones para las víctimas de abusos, incluso en casos donde no haya una sentencia judicial o si el agresor ha fallecido. Sin embargo, su colaboración con el plan de indemnizaciones del Gobierno está condicionada a que este abarque a todas las víctimas de pederastia, no solo a las de la Iglesia.
Según informa ‘El País’, el plan gubernamental contempla la colaboración preferente de la Iglesia, proponiendo la creación de un órgano independiente temporal para la reparación de casos prescritos o cuando no se pueda seguir un proceso penal. En caso de rechazo por parte de la Iglesia, se considera la aprobación de un proceso administrativo para reconocer la condición de víctima y aplicar medidas reparatorias adecuadas, con posible colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas.
Inicialmente, el plan no especifica montos de indemnización ni los procedimientos para los afectados.