La reciente ley de amnistía propuesta por el PSOE y actualmente en trámite en el Congreso ha suscitado preocupaciones sobre su constitucionalidad, según los letrados de la Comisión de Justicia.
En un segundo informe, han expresado dudas particularmente en cuanto a la redacción actual de la ley. Estos letrados, anteriormente secretarios generales de la Cámara con presidentes del PP, destacan que aunque existen incertidumbres, es prerrogativa del Tribunal Constitucional pronunciarse finalmente sobre cualquier ley aprobada por las Cortes Generales.
Además, los letrados rechazan la idea de que la amnistía «forme parte del pacto fundacional de la democracia», subrayando que no es una conclusión directa del pacto constitucional inicial. Señalan una falta de claridad en la ley, tanto en los delitos que incluye como en el periodo durante el cual se cometieron, lo que podría menoscabar el principio de seguridad jurídica. Además, sugieren que podría ser necesaria una reforma de la Constitución para su adecuada integración en el marco legal español, dada su naturaleza y alcance.
El marco temporal de la ley, que abarca desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, también es motivo de preocupación para los letrados, quienes consideran que esto complica su aplicación. Además, advierten que la ley no se limita a acciones directamente relacionadas con ciertas consultas, extendiéndose a acciones posteriores.
La validez de la ley en el contexto de la normativa de la Unión Europea también está en duda, especialmente en lo que respecta a la malversación de fondos y la suspensión de órdenes de detención internacionales. La posibilidad de incluir a condenados por terrorismo en la amnistía también ha generado controversia.
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha tildado el informe de «demoledor», acusando al Gobierno de diseñar una ley específicamente para beneficiar a ciertos individuos y aliados políticos. Según Tellado, la Ley de Amnistía no se ajusta a la Constitución y representa un «disparate», enfatizando que la política no debe anteponerse al Derecho. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, también se ha pronunciado en términos similares, acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de buscar conceder «impunidad a una casta política» a cambio de apoyo político para su investidura.