El Tribunal de Cuentas ha decidido no suspender la investigación en curso sobre los gastos relacionados con el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Esta decisión afecta a 35 ex altos cargos catalanes, entre ellos figuras destacadas como el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raúl Romeva y Dolors Bassa. Todos ellos se encuentran en el foco por el presunto desvío de fondos públicos para financiar el ‘procés’.
La consejera Elena Hernáez, encargada del caso, ha emitido un auto desestimando la petición de los exdirigentes, que incluía a Junqueras y otros, de pausar el proceso legal en espera de la posible aprobación de la ley de amnistía. Esta ley, según argumentaron los implicados, podría tener un impacto significativo en el caso.
La proposición de ley presentada por el PSOE a finales del año pasado, según argumentaron los defensores de los ex altos cargos, «goza de una mayoría parlamentaria para su aprobación». No obstante, Hernáez ha sido clara en su posición, afirmando que la aprobación de la ley de amnistía «no es indubitada». Además, subraya que no se puede prever el impacto que el texto final de esta norma tendría en los hechos actualmente bajo juicio.
El Congreso, en su sesión de este miércoles, rechazó con los votos del bloque de la investidura las enmiendas a la totalidad presentadas a la ley por el PP y Vox.
En línea con el criterio de la Fiscalía y la Societat Civil Catalana (SCC), el Tribunal de Cuentas se mantiene firme en su resolución. La Fiscalía argumenta que la ley de amnistía es «un hecho futuro y relativamente incierto», oponiéndose a la suspensión del juicio.
Este caso busca esclarecer la responsabilidad contable de los implicados, entre los que se encuentran Carles Puigdemont y Artur Mas, en el uso indebido de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017, considerado ilegal. Según la Fiscalía, el importe desviado asciende aproximadamente a 3,4 millones de euros, mientras que SCC eleva la cifra a 5,3 millones.