El Ministerio de Sanidad propondrá una iniciativa para reducir la burocracia en la Atención Primaria y aliviar la carga de sus profesionales. La propuesta, anunciada por la ministra Mónica García, contempla la posibilidad de que los ciudadanos puedan «autojustificar» una ausencia laboral por enfermedad leve durante los primeros tres días. Esta medida, que será debatida en una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), busca «unificar criterios» frente a los recientes picos de virus respiratorios en España.
García explicó que esta autodeclaración responsable estaría coordinada con el Ministerio de Seguridad Social. La iniciativa, ya implementada en España durante la pandemia y común en otros países, cuenta con el respaldo de los profesionales de la salud.
Además, el ministerio está considerando reinstaurar el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias. García destacó la efectividad de las mascarillas frente al «repunte preocupante» de la gripe y otros virus respiratorios. Este regreso a la normativa, que se relajó el 5 de julio de 2023, se discutirá con las comunidades autónomas, quienes tienen la última palabra en esta materia.
Algunas regiones, como la Comunidad Valenciana y Cataluña, ya han adoptado medidas sobre el uso de mascarillas, mientras otras esperan las recomendaciones del Consejo. La Rioja, Asturias, Galicia y otras comunidades se muestran reacias a la obligatoriedad, prefiriendo la recomendación en su lugar.
Los profesionales médicos, representados por sociedades como la de Medicina de Familia y la SEMES, apoyan la medida, sugiriendo incluso extenderla a otros espacios públicos.
El SiVIRA del Instituto de Salud Carlos III ha informado de un aumento del 60% en hospitalizaciones por gripe en una semana, con una tasa de infección respiratoria aguda en Atención Primaria de 952,9 casos por cien mil habitantes a finales de diciembre, un aumento considerable desde principios del mes.
Esta iniciativa surge en un contexto de altas tasas de infección respiratoria en varias comunidades, lideradas por Castilla-La Mancha y seguidas de cerca por la Comunidad Valenciana y Asturias. El gobierno busca así proteger la salud pública y aliviar la presión sobre los profesionales de la salud, manteniendo un equilibrio entre autonomía regional y coordinación nacional.