Cataluña se quedará a partir de esta medianoche con 556 kilómetros menos de vías de peaje cuando finalice la concesión de cuatro tramos de las autopistas AP-2 y AP-7, y C-32 Norte y C-33, que cuentan con las barreras más antiguas y que han sido durante décadas escenario de grandes atascos de coches.
Cuando el 31 de agosto deje paso al 1 de septiembre, en Cataluña ya solo quedarán 120 kilómetros, en la C-32 Sur y en la C-16, en los que habrá que seguir esperando que las barreras se levanten para poder circular.
Entre los peajes que se desmantelan esta noche se encuentra el más antiguo de España, de 52 años de edad y situado en la actual C-32 Norte.
Entre las incógnitas que plantea la nueva realidad de carreteras sin peajes, destaca hasta qué punto estas vías están preparadas para asumir el incremento de tráfico que se da por seguro que se producirá.
En el caso de la C-32 Norte, la Generalitat estima que absorberá buena parte de los vehículos que actualmente circulan por la N-II (que no es de pago): un 11 % entre El Masnou y Premià de Mar; un 2 % en Mataró; un 21 % entre Caldes d’Estrach y Arenys de Mar; y un 31 % en Santa Susanna.
Con la eliminación del peaje de la C-33 se pronostica que entre Barcelona y Mollet del Vallès esta vía ganará un 20 % de vehículos, procedentes de la C-17, y un 10 % en el tramo entre Mollet y Montmeló del Vallès.
Asimismo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) también calcula que el levantamiento de las barreras de los peajes en la AP-7 (entre Tarragona y la Jonquera) y la AP-2 (entre Zaragoza y El Vendrell) conllevará un aumento del tráfico procedente de vías cercanas.
Coincidiendo con el día del levantamiento de los peajes, la Generalitat ha adjudicado este martes el mantenimiento de la C-33 y C-32 Norte, que son de titularidad del Govern – la AP-2 y la AP-7 dependen del Estado- a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Sorigué, Comsa e Innovia Coptalia por un valor de 8,4 millones de euros.
Por su parte, Mitma licitó ya en abril siete contratos para la conservación y mantenimiento de la AP-7 y la AP-2 para cuando finalicen las concesiones, por un importe total de 137 millones de euros.
Este cambio en el mantenimiento se ha cobrado 340 puestos de trabajo de empleados de filiales de Abertis, que ya ha acordado un ERE con los sindicatos para el día después del fin de las concesiones.
El fin de los peajes también conllevará que 132 municipios que hasta ahora recaudaban el IBI dejen de ingresar 14,4 millones por este concepto, según datos de la Generalitat.
Otra de las grandes incógnitas es cómo se mantendrá a largo plazo el mantenimiento de estas vías.
La Comisión Europea apremia para que en 2024 se establezca una nueva forma de pago que asuma el principio de que paga quien usa las infraestructuras y quien más contamina, y el Gobierno baraja instaurar peajes, según recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que la Generalitat ha apostado históricamente por la viñeta -una suerte de tarifa plana-.
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