El pago a plazos no es ninguna novedad en el mercado, pero en los últimos años ha crecido de forma notable el número de consumidores que optan por pagar sus compras de manera fraccionada. Una práctica que, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), advierten que puede tener consecuencias a largo plazo, porque los intereses que aplican las entidades financieras son muy elevados.
Los sistemas “buy now, pay later” (BNPL por sus siglas en inglés) se han popularizado incluso en las compras online. Plataformas de pagos como PayPal o Klarna permiten a los consumidores dividir el pago de sus compras en internet en varios plazos. Cómodamente, sin exigir demasiada información, y en tan solo unos clics.
Los estudios llevados a cabo en relación con este tema, ponen de manifiesto que comprar a plazos online aumenta el gasto medio por consumidor entre un 10% y un 40%.
Más del 50% de los consumidores pagan a plazos
La subida de la inflación y la constante subida de precios que se vienen experimentando desde 2022, han obligado a muchos consumidores a hacer cambios en sus hábitos para intentar ahorrar.
Uno de los ajustes que están haciendo los hogares se ha dejado notar en el Informe sobre Métodos de Pago 2023, elaborado por la plataforma de tecnología financiera Adyen. Según este estudio, el 55% de los encuestados utilizan un sistema de pago aplazado para realizar compras convencionales de ropa, comida, etc.
Por regiones, es en Canarias y en Andalucía donde se recurre con más frecuencia a este sistema. Aquí la cifra de consumidores que pagan a plazos se eleva hasta el 70%. Un fenómeno que coincide con la renta disponible, puesto que Canarias y Andalucía son las regiones con menos renta disponible por habitante.
La OCU denuncia los altos intereses aplicables en el aplazamiento de las compras
La Organización de Consumidores y Usuarios ha advertido en más de una ocasión del riesgo que supone el abuso del pago a plazos. Riesgo que deriva de los altos tipos de interés y comisiones abusivas que aplican algunas entidades.
Uno de los ejemplos que da la OCU es la plataforma Aplazame, que aplica unos intereses del 17,95% TAE. El caso más alarmante detectado es el de Sequra, donde los intereses aplicados a las compras aplazadas llegan casi al 30% TAE.
El desconocimiento de los consumidores sobre la existencia de estos tipos de interés tan elevados, y la opacidad con la que operan algunas compañías a la hora de aportar la información, puede acabar poniendo en problemas económicos a quienes recurren al aplazamiento de los pagos de sus compras.
Desde la OCU también advierten que las condiciones de contratación pueden variar de un comercio a otro, de forma que no siempre se aplican los mismos intereses y comisiones. Por lo que aconsejan leer siempre bien el contrato, con especial atención a la letra pequeña.
Un problema en Reino Unido
Según un estudio de The Centre for Financial Capability, un 35% de los jóvenes británicos de 18 a 34 años que utilizaron servicios BNPL no cumplieron el plazo de pago pactado. Además, cuatro de cada 10 jóvenes recurren a este sistema de pago a plazos para renovar su armario o comprar dispositivos electrónicos.
Un estudio realizado a los padres por Student Beans, ha puesto de relieve la preocupación de los adultos por el auge que los sistemas BNPL están teniendo entre los jóvenes. Entendiendo que se les está animando a gastar más de lo que se pueden permitir.
La preocupación ha alcanzado tales dimensiones, que ya se han retirado varios anuncios por “animar irresponsablemente a usar el crédito para mejorar el estado de ánimo”.
En Estados Unidos se ha optado por registrar las deudas derivadas de la compra a plazos en los informes crediticios de los consumidores. Con el objetivo de que estos sean más conscientes de cómo están gestionando sus finanzas y evitar que estos aplazamientos se conviertan en un problema. Con este nuevo sistema, si una persona está gastando por encima de sus posibilidades, esto puede afectar a su perfil crediticio, lo que le dificultará acceder a préstamos personales o hipotecas.
En España, la falta del pago a las entidades que financian las compras a plazos puede provocar la inscripción del deudor en los ficheros de impagados (listas de morosos). Además de la puesta en marcha de todo tipo de medidas para intentar satisfacer su crédito.