Junqueras celebra la amnistía a ex altos cargos y habla de justicia tras años de persecución
El tribunal considera que los hechos están directamente vinculados al 'procés' y, por tanto, quedan amparados por la Ley de Amnistía recientemente aprobada. La Sección 21ª de la Audiencia ha revocado la resolución de la jueza instructora que abría la puerta a celebrar juicio oral por delitos de malversación y falsedad documental. La Fiscalía había solicitado ya la aplicación de la amnistía, una petición que ahora avala el tribunal en un auto que también descarta que los actos tuvieran una afectación clara sobre fondos europeos, uno de los límites que la ley establece para excluir determinados casos.
Entre los hechos que se incluyen en la amnistía figuran la contratación de informes y estudios relacionados con un posible escenario de independencia, el alquiler de oficinas en Bruselas por valor de más de 13.000 euros y subvenciones otorgadas sin cumplir con las exigencias legales de publicidad y concurrencia.
No hubo lucro personal
Según el auto, los investigados actuaron siguiendo directrices de los responsables políticos de la época y no se beneficiaron personalmente de las decisiones tomadas. "No se puede afirmar que buscaran un enriquecimiento patrimonial", indica la resolución, que subraya la conexión directa de las actuaciones con el impulso institucional del referéndum de 2017.
Además, los jueces insisten en que no se ha demostrado un impacto sobre el presupuesto comunitario y rechazan "especulaciones" al respecto. En consecuencia, todos los delitos imputados en esta causa quedan amnistiados, incluidos los de malversación.
Entre los que se beneficiarán de esta resolución figuran el exconseller de Exteriores Raül Romeva, acusado de conceder una subvención directa de 40.000 euros a la FOCIR, y otros cargos vinculados a los medios públicos catalanes como Vicent Sanchis (exdirector de TV3), Saül Gordillo (exdirector de Catalunya Ràdio) y Núria Llorach (expresidenta de la CCMA). También se incluyen funcionarios del área de Exteriores y Presidencia.
Sin embargo, el tribunal ha dejado fuera de la amnistía a dos extrabajadores de Diplocat, Albert Royo y Rosa Clavell, señalados por la Fiscalía por fraccionar de forma irregular un contrato de servicios, lo que constituye —según las acusaciones— un supuesto delito de prevaricación administrativa ajeno al 'procés'.
La noticia ha sido recibida con entusiasmo por líderes independentistas. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha manifestado en redes sociales que se trata de "un acto de justicia" tras años de "represión política". También la eurodiputada Diana Riba ha subrayado el valor simbólico del auto judicial, asegurando que “hoy toca celebrar”.
Hem après a patir, però també a celebrar. I avui és el que toca fer. https://t.co/j1cnRQq88Y
— Diana Riba i Giner (@DianaRibaGiner) June 11, 2025
Con esta decisión, se cierra uno de los frentes judiciales más amplios abiertos en torno al referéndum del 1-O, iniciado en 2017 con la instrucción en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
