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Cae un grupo empresarial que defraudó más de un millón de euros con contratos ficticios en Elche

El entramado simulaba contrataciones laborales indefinidas para acceder a ayudas públicas destinadas al fomento del empleo. Parte de las subvenciones acabaron en coches de lujo y gastos personales

La Guardia Civil ha destapado una red empresarial con base en Elche que habría defraudado más de un millón de euros en subvenciones públicas destinadas a la contratación indefinida. Las ayudas, cofinanciadas por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo, fueron desviadas a fines particulares y operaciones ajenas al objeto de la subvención. La operación, bautizada como "Uncover", ha concluido de momento con cuatro detenidos y dos investigados.

El caso comenzó tras una denuncia presentada por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA) ante la Fiscalía Anticorrupción. En ella se alertaba de posibles irregularidades cometidas por once empresas radicadas en Elche, que habrían recibido fondos públicos para fomentar la contratación estable de jóvenes cualificados y personas en situación vulnerable.

Contratos reales que nunca se mantuvieron

El mecanismo de fraude era tan sencillo como estructurado: las empresas formalizaban contratos laborales que, a efectos legales, parecían cumplir todos los requisitos. Sin embargo, en la práctica, los empleados eran despedidos en pocos días, presentaban bajas voluntarias forzadas o incluso la actividad empresarial cesaba sin previo aviso.

Estas acciones se repetían de forma sistemática. El objetivo era obtener la subvención, no mantener el puesto de trabajo. La normativa vigente, que exige cierta duración y condiciones para acceder a las ayudas, era deliberadamente ignorada.

El dinero acabó en coches de alta gama y transferencias personales

Durante casi un año, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante analizaron la trazabilidad de los fondos. Descubrieron que el dinero público fue desviado a cuentas vinculadas a los implicados, y de ahí a gastos personales, vehículos de alta gama y otros movimientos incompatibles con el destino de las ayudas.

No se trataba de una acción aislada. Las empresas actuaban de forma coordinada, y los movimientos financieros apuntaban a una estructura perfectamente diseñada para el fraude.

Registros en viviendas y oficinas del grupo

El pasado mes de abril, los investigadores realizaron registros simultáneos en un domicilio particular de Elche —residencia del supuesto cabecilla— y en varias oficinas situadas en un parque tecnológico de la misma ciudad.

En los operativos se intervinieron más de 9.000 euros en metálico, un vehículo de lujo, documentos relevantes para la causa y se ordenaron bloqueos de cuentas bancarias y propiedades de los investigados.

Cargos por fraude, blanqueo y pertenencia a grupo criminal

Los cuatro detenidos fueron puestos en libertad tras declarar ante el juez, aunque se han impuesto medidas cautelares al considerado líder de la trama. Todos ellos enfrentan acusaciones por fraude de subvenciones, estafa, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución.

La operación ha contado con el respaldo de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Alicante y la estrecha colaboración de LABORA, que ha sido clave para detectar las anomalías iniciales.

Una advertencia sobre el uso indebido de fondos públicos

Se necesita reforzar los mecanismos de control y seguimiento de las ayudas públicas, especialmente aquellas destinadas a colectivos vulnerables y al fomento del empleo estable. La instrumentalización de estos recursos para el enriquecimiento ilícito no solo dificulta la creación de empleo real, sino que mina la confianza en las instituciones públicas.